El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) e inició un proceso de reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La decisión, que trascendió este lunes y generó protestas de trabajadores de las entidades descentralizadas en todo el país, quedó cristalizada con la publicación del Decreto 461/2025 en el Boletín Oficial.
En este contexto, el Ejecutivo nacional confirmó que la CNRT pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, organismo que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y será la Autoridad de Aplicación de las concesiones viales y se concentrará en funciones que requieren de autonomía funcional y operativa, a la vez que acumulará facultades de los organismos disueltos, se explicó oficialmente.
Según la flamante normativa, que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Patricia Bullrich, el ente tendrá unas 15 funciones principales, entre las cuales se encuentran las de fiscalizar los contratos de concesión viales, ferroviarios y del transporte terrestre de jurisdicción nacional.
También aplicará sanciones previstas en las normas legales en caso de incumplimientos y estará encargada de “velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte nacional”, “conducir o encomendar investigaciones técnicas”, y “percibir y fiscalizar el cobro de las tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias”.
El mismo decreto, en paralelo, dispuso la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, que dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto, y pasará a denominarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Esto limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil, para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se indicó oficialmente.
En un comunicado oficial, se explicó que estas decisiones responden “a la necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado” y se proponen “realizar una gestión más eficiente, ágil y transparente, reduciendo costos operativos, eliminando duplicidades y concentrando funciones estratégicas bajo un esquema profesionalizado y controlado”.
“Con la disolución de estos tres organismos se eliminan cajas de la política y estructuras administrativas que, con el tiempo, fueron incrementando sus gastos para sostener personal y tareas que hoy resultan innecesarias gracias a los avances tecnológicos y a las medidas impulsadas a través de la desregulación del transporte”, agrega ese texto.
La medida se oficializó en la antesala del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, lo que sucederá este miércoles 9 de julio.
Clarín
