El Senado de la Nación volverá a reunirse este jueves desde las 14 para retomar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el Gobierno nacional llegará al recinto con una versión reducida del proyecto. La Libertad Avanza retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras después de comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobar esa reforma.
La decisión responde al rechazo anticipado de gobernadores y senadores de diferentes espacios, quienes adelantaron que no acompañarían la flexibilización de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Con ese cambio, el oficialismo busca preservar el resto de la iniciativa y aumentar las posibilidades de conseguir los apoyos necesarios durante la sesión. Ante este último cambio, el recuento de votos permanece abierto.
Antes de iniciar el tratamiento, el cuerpo deberá resolver si autoriza la participación remota de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ya concedió la autorización previa, aunque el pleno deberá avalar esa modalidad. Además, Villarruel no presidirá la sesión porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia.
Sin Ley de la reforma a la Ley de Tierras, así es el proyecto de Inviolavilidad
Tras la eliminación del capítulo sobre la Ley de Tierras, el proyecto mantuvo tres ejes principales. El primero propone modificar el Código Civil y Comercial para acelerar los procesos de desalojo mediante el procedimiento sumarísimo. La reforma alcanza tanto a inquilinos con deudas como a ocupantes obligados a devolver una propiedad.
Según propone la modificación, en los alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para cancelar la deuda antes de iniciar la demanda. Además, el texto facilitará la restitución anticipada del inmueble al reemplazar la caución real por una declaración jurada del demandante. No obstante, el desalojo seguirá requiriendo una decisión judicial.
La iniciativa también ampliará la legitimación para solicitar la restitución de un inmueble. Cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo afectado podrá presentar el pedido. Asimismo, el juez podrá ordenar la entrega inmediata si considera verosímil el derecho reclamado. Al mismo tiempo, el proyecto conservará una protección especial para familias vulnerables. En esos casos, garantizará un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional cuando existan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en estado de desamparo.
Otro de los capítulos busca modificar la Ley de Expropiaciones. El texto establece que la utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar con precisión el objetivo perseguido. Además, exige demostrar que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional.
La propuesta también reconoce una indemnización por lucro cesante cuando exista una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. El monto deberá actualizarse y el Estado no podrá incorporar definitivamente el bien hasta completar el pago correspondiente. Además, la ocupación temporánea anormal tendrá un plazo máximo de 90 días y solo podrá aplicarse en situaciones excepcionales.
En materia ambiental, el proyecto modificará parcialmente la Ley Nacional de Manejo del Fuego. El Senado mantuvo las protecciones para los bosques nativos, por lo que seguirán vigentes las restricciones de hasta 60 años sobre esas áreas afectadas por incendios. En cambio, aceptó eliminar la prohibición de 30 años que alcanzaba a determinadas tierras rurales productivas. Esa modificación permitirá anticipar la venta de esos terrenos, el cambio de uso y el desarrollo de nuevas actividades, aunque conservará la obligación de realizar tareas de restauración ambiental.
Finalmente, la iniciativa conservará un capítulo destinado a modernizar los registros de la propiedad inmueble. La propuesta busca impulsar la digitalización de los trámites, reducir plazos y promover una mayor integración entre los registros nacionales y provinciales. Además, crearía el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo encargado de administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para unificar trámites, tasas, certificados e informes en todo el país.
