El fiscal Carlos Stornelli solicitó este martes investigar la denuncia presentada por el Gobierno sobre los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada. Las grabaciones se atribuyen a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y generaron un fuerte revuelo político en plena campaña electoral. Sin embargo, el fiscal reivindicó el derecho constitucional que protege a las fuentes periodísticas. Aclaró que no pedirá allanamientos contra medios ni periodistas, como había requerido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En su dictamen, Stornelli remarcó la importancia de ese resguardo legal. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no se podrá hurgar en las la fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”, señaló el funcionario judicial.
La denuncia del Gobierno y la cautelar judicial
El conflicto estalló tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones se mencionaban presuntas coimas que involucraban a funcionarios de la primera plana del Ejecutivo. Frente a ese escenario, el Gobierno denunció la existencia de un operativo de inteligencia ilegal “con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral”.
La administración nacional también obtuvo una medida cautelar que impide la reproducción de las filtraciones que comprometen a Karina Milei y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Esa decisión del Poder Judicial despertó cuestionamientos de juristas, especialistas y organizaciones de prensa que la calificaron como un límite ilegítimo a la libertad de expresión.
Stornelli consideró graves los hechos
Aunque Stornelli evitó pronunciarse sobre la veracidad de los audios, consideró que los hechos denunciados presentan “suficiente gravedad y verosimilitud” para iniciar una investigación formal. En su análisis sostuvo que “no puede descartarse, sino más bien presumirse, la ilegitimidad legal de los audios”. Consideró: “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina”.
El fiscal pidió que se adopten medidas de prueba en el marco del artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación. De esa manera, dejó en claro que considera la denuncia un asunto de relevancia judicial que merece un avance en los tribunales.
La reacción de Javier Milei
Mientras tanto, el presidente Javier Milei utilizó la red social X para cuestionar la divulgación de los audios y responsabilizó al periodismo. El mandatario atribuyó la controversia a una “red de espionaje ilegal” que, según él, busca perjudicar a su gestión. “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real”, escribió el jefe de Estado.
En su mensaje, Milei se apoyó en una publicación previa del presidente de la Cámara de Diputados, quien insinuó que el material podría haberse grabado ilegalmente en las instalaciones del Congreso. El mandatario insistió en que se trata de una maniobra contra el Gobierno. Sostuvo que los periodistas participan activamente de esa trama.
Como ya hizo en ocasiones anteriores, Milei endureció sus críticas contra la prensa. “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, concluyó en su publicación. Defendió a su hermana Karina y al círculo de confianza conocido como el “Triángulo de hierro” de la Casa Rosada.
Rechazo de ADEPA a la prohibición judicial
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió un comunicado en el que rechazó el fallo del juez Alejandro Maraniello. Esa resolución impide a los medios de comunicación difundir los audios atribuidos a Karina Milei y a otros funcionarios del Ejecutivo.
ADEPA sostuvo que “las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública”. La entidad también denunció que el fallo “es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.
El comunicado fue replicado en redes sociales y recibió el respaldo de juristas y dirigentes políticos que remarcaron la importancia de garantizar el derecho a la información. Según el organismo, la medida judicial establece un “bozal legal” que lesiona principios fundamentales del sistema democrático.
Un caso que tensiona la política y la Justicia
La difusión de los audios provocó un fuerte impacto político y abrió una compleja discusión judicial. Mientras el Gobierno insiste en que existe un entramado de espionaje ilegal, los periodistas y organizaciones de prensa defienden la necesidad de investigar sin vulnerar derechos constitucionales.
Stornelli marcó una línea clara: la investigación debe avanzar, sin violentar la protección de las fuentes periodísticas. En paralelo, el presidente cargó contra los medios y acusó a un grupo de periodistas de formar parte de una conspiración.
El caso combina denuncias de corrupción, acusaciones de operaciones clandestinas y un debate abierto sobre libertad de expresión en plena campaña electoral. La resolución judicial de los próximos pasos marcará el futuro de la investigación y el alcance de los derechos ciudadanos en un escenario político convulsionado.
