La Cámara de Diputados se encaminó a dar un paso clave en la investigación legislativa por el fentanilo adulterado, un caso que dejó más de 90 muertes y puso bajo la lupa la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones. Todos los bloques, incluidos los aliados de Pro, acordaron avanzar con la comisión investigadora y dejaron al oficialismo cada vez más aislado en su intento por frenar la pesquisa.
El miércoles marcará un punto de inflexión. La oposición incluyó el tema en la agenda de la sesión y se propuso emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dictamine esta misma semana. Sin embargo, el libertario Nicolás Mayoraz, presidente de esa comisión, convocó a un plenario el mismo día y a la misma hora: miércoles a las 14, cuando el recinto ya estará abierto desde las 13. La maniobra fue interpretada como una dilación. “Es una cargada”, retrucaron en la oposición. En el oficialismo, en cambio, respondieron que la citación había sido formalizada antes del pedido de sesión.
Cómo responderá el oficialismo ante la iniciativa por la causa del fentanilo
El reglamento de Diputados establece que los emplazamientos solo proceden ante comisiones “en retardo”. Los libertarios planean aferrarse a ese argumento para sostener que Mayoraz ya convocó a debatir y, por lo tanto, no habría demora formal que justifique la medida. No obstante, si la oposición logra reunir la mayoría necesaria, difícilmente esa defensa alcance para detener la avanzada en el recinto.
La trama parlamentaria expuso la encrucijada del oficialismo. Los proyectos vinculados al fentanilo, presentados por Silvana Giudici (Pro), Unión por la Patria, Encuentro Federal Democracia y la Izquierda, habían sido girados originalmente a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato. Sin embargo, la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, decidió cambiar la cabecera hacia Asuntos Constitucionales, decisión que frenó el avance.
Lospennato protestó y reclamó que se revierta la medida. También buscó despejar dudas sobre su rol. “Hay tanto acuerdo respecto de lo que hay que hacer que no vale la pena seguir prolongando esto”, afirmó. Luego aclaró: “Invitamos a Asuntos Constitucionales a sesionar en conjunto y en plenario para poder despachar. Como no se nos devolvió la cabecera, hoy no podemos emitir dictamen, pero sí agotamos el análisis y elevamos un informe de lo actuado. Ahora depende de la voluntad del presidente de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar”.
La propia Giudici, aliada incondicional del oficialismo en Diputados, promovió la comisión investigadora pese al riesgo de exponer al Gobierno. Lo hizo con un cálculo político: apuntar contra el kirchnerismo por los presuntos vínculos que, en el pasado, habrían tenido funcionarios con Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, laboratorio señalado por la adulteración.
Cómo se compondría la comisión
El acuerdo opositor ya cuenta con bases concretas. La comisión será unicameral, funcionará en Diputados, tendrá un plazo de 180 días y estará integrada por 31 miembros. La socialista Mónica Fein aparece como posible presidenta. Al consenso se sumó incluso la tucumana Paula Omodeo (Creo), hasta ahora aliada del oficialismo, que en diciembre dejará su banca tras haber quedado fuera del armado libertario en su provincia, pese a haber acompañado al Gobierno en las votaciones clave.
En contraste, los libertarios que participaron de la reunión —Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni y Nicolás Emma— optaron por el silencio.
El caso del fentanilo se superpone con otro escándalo: los audios que forzaron la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que, junto con la Anmat —responsable de controlar la seguridad en la confección de medicamentos—, depende del ministro Lugones. Ambos episodios expusieron la debilidad del Gobierno en áreas sensibles y revelaron fisuras en la gestión.
Ante ese escenario, la Casa Rosada ensayó su defensa. Sostuvo que la investigación corresponde a la Justicia y no al Congreso. Es el mismo libreto que utiliza para intentar desactivar la comisión por el caso $LIBRA, otro frente que complica al oficialismo en Diputados. “Que se investigue todo lo que se quiera investigar, pero para eso está la Justicia. El Congreso no tiene por qué armar comisiones investigadoras”, reiteró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Clarín.
Sin embargo, la estrategia oficial mostró grietas. Incluso referentes cercanos como Lospennato reconocieron que Mayoraz incumplió su palabra al no convocar a tiempo. “Se había comprometido a citar esta semana. Luego me dijo que no. No me puedo hacer cargo de las decisiones que no me corresponden”, advirtió la diputada de Pro en la última reunión de la comisión que preside.
La sesión del miércoles definirá si esas tensiones se cristalizan en un emplazamiento formal. Si eso ocurre, Lugones quedará en el centro de un nuevo frente de tormenta. Para el oficialismo, la pulseada por la comisión investigadora sobre el fentanilo se transformó en un símbolo de su fragilidad política y de la dificultad creciente para contener a la Cámara baja.
