La Cámara Alta del Congreso sancionó el miércoles 10 de julio la emergencia en discapacidad, en el marco de una sesión especial en la que no participó el oficialismo. La aprobación fue posible por el acompañamiento de bloques opositores y provinciales, entre ellos el Frente Renovador Neo de Misiones, representado por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes votaron a favor.
Entrevistada por Canal Doce, Soledad Varela, licenciada especialista en Discapacidad e Inclusión, indicó: “Para nosotros este es un momento histórico. La Ley de Emergencia en Discapacidad es un trabajo que venimos llevando adelante hace mucho tiempo. Se viene pidiendo hace muchos años. Se trata de la garantía de derechos que nos corresponden, que están avalados por la Convención Internacional de los Derechos para Personas con Discapacidad”.
“Esto se logró gracias al acompañamiento de nuestros senadores misioneros: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut“, afirmó. A lo que agregó: “Misiones ha puesto en agenda a la discapacidad hace muchísimos años, más allá del color político que ha tenido y hoy tiene la Nación”.
En ese marco, remarcó que “la Provincia siempre ha tenido sus puertas abiertas para recibir a las personas con discapacidad, con sus solicitudes, demandas, inquietudes y proyectos”.
Alcances de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Sobre los beneficios de la ley de emergencia, destacó que “implica la actualización en los aranceles de las prestaciones en discapacidad; sobre salud, educación, transporte, y todo lo relacionado a las prestaciones básicas para que una persona con discapacidad pueda tener una vida digna”.
Recordó que la mayoría de las prestaciones “no han sido actualizadas desde el 2024. Hace 7 meses que los prestadores en salud no reciben una actualización de los aranceles. Eso tiene una injerencia directa en sus bolsillos, y aún así siguen haciendo todo lo humanamente posible para acompañar a las personas con discapacidad”.
Cabe recordar que la ley establece medidas urgentes ante el recorte presupuestario que afecta a las personas con discapacidad en todo el país. El objetivo es restituir fondos para garantizar prestaciones, transporte, ayudas técnicas y medicamentos de alto costo. La norma aún debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su aplicación efectiva.
