Las auditorías de pensiones no contributivas que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Misiones generan creciente preocupación entre los beneficiarios. Desde el Consejo Provincial de Discapacidad advierten irregularidades en los procedimientos, incluyendo la falta de presencia de médicos, ausencia de accesibilidad en los lugares de control y la participación de militantes políticos en vez de profesionales de la salud.
Tatiana Antúnez, coordinadora del Consejo, informó que este martes se sumaron nuevas firmas de beneficiarios para respaldar un amparo judicial. “Nosotros trabajamos en el amparo porque cada semana aparecen nuevas pruebas de irregularidades. Queremos que las personas que tienen derecho a cobrar lo hagan, con transparencia y acceso adecuado”, explicó.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran falsificación de firmas, certificados rechazados por ANSES y documentación confusa que solo acredita presencia en la auditoría, sin constancia real de invalidez. Las auditorías afectan tanto a pensiones por discapacidad como a otros beneficios, lo que generó confusión y preocupación entre los beneficiarios.
En el interior de la provincia, las auditorías se han realizado en lugares distintos a los notificados oficialmente, como ocurrió en 25 de Mayo, donde los beneficiarios fueron citados a una iglesia en lugar de un hospital. Además, algunos certificados llevan firmas fotocopiadas de profesionales que no participaron, lo que compromete la validez de los documentos.
Ante esta situación, Misiones presentó un amparo judicial acumulando casos de beneficiarios afectados, buscando garantizar accesibilidad, profesionalismo en los controles y sanciones adecuadas frente a las irregularidades. El objetivo es que las auditorías se realicen de manera transparente y segura, protegiendo los derechos de quienes dependen de estas pensiones para su subsistencia.
Desde la Vicegobernación remarcaron que el Ejecutivo provincial agotó todas las instancias administrativas y de diálogo con la Nación. Ante la falta de respuestas, el recurso judicial surge como la única alternativa para frenar un procedimiento que consideran dañino para los sectores más vulnerables.
Con esta acción, la provincia reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y con la protección de los grupos familiares que dependen de estas pensiones para sostener su vida cotidiana.
