La renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, volvió a generar preocupación entre las instituciones del sector. Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, sostuvo que las organizaciones necesitan “previsibilidad respecto a la política pública nacional en discapacidad” y señaló que esa estabilidad no estuvo presente durante los últimos años.
En diálogo con Canal Doce, Antúnez también cuestionó los cambios institucionales registrados en el área y recordó que la Agencia Nacional de Discapacidad fue desjerarquizada y convertida en Secretaría. En ese contexto, señaló que las provincias habían advertido situaciones vinculadas con auditorías y prestaciones, pero que desde Nación recibían como respuesta: “No sabemos lo que está pasando”, pese a que, según afirmó, los propios organismos nacionales habían contratado los servicios involucrados.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación, según explicó, es el proyecto que modifica aspectos centrales de la normativa vigente. Entre ellos mencionó la “eliminación de disposiciones vinculadas con la inclusión laboral y la incompatibilidad entre ingresos y pensiones”, además de cambios sobre la pensión por discapacidad creada en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Financiamiento y prestaciones bajo discusión
Otro de los aspectos señalados por Antúnez es el cambio previsto en el mecanismo de financiamiento de las políticas de discapacidad, que trasladaría recursos del Tesoro Nacional hacia la órbita del Ministerio de Salud. Según planteó, esa modificación podría afectar el financiamiento de programas específicos y generar nuevas dificultades para las instituciones, las familias y las personas con discapacidad.
También puso el foco en el Nomenclador Único de Prestaciones Básicas, al que definió como el mecanismo que establece a nivel nacional los valores de las prestaciones y de las horas profesionales. A su entender, su eliminación podría generar diferencias entre provincias tanto en los valores reconocidos como en el acceso y la calidad de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
La dirigente recordó que los gastos de una persona con discapacidad no se limitan a los consumos habituales de cualquier hogar. “Tienen que cubrir los costos asociados a vivir con discapacidad, como medicación, transporte adaptado, cuidadores y distintos servicios específicos que se suman a alimentos, alquiler y servicios básicos”, detalló.
Las dificultades también se reflejan en las demoras acumuladas dentro del sistema. Mencionó pagos a prestadores que llegaron a demorarse “más de seis meses, entregas de medicamentos con retrasos superiores a cinco meses y casos de cirugías y ayudas técnicas que tuvieron demoras de más de un año”.
Reclamos de Misiones ante Nación
Como ejemplo de la situación provincial, Antúnez señaló que 316 pacientes del programa federal Incluir Salud esperan desde mayo la entrega de medicamentos. Entre ellos mencionó personas con hemofilia, que requieren tratamientos mensuales cuyo costo puede ubicarse entre 30 y 40 millones de pesos, según explicó, y afirmó que ante esas demoras el Ministerio de Salud Pública de Misiones debe intervenir para cubrir necesidades.
Los reclamos también incluyen pagos a prestadores y transportistas, envío de sillas de ruedas, pañales, alimentos especiales y otras ayudas técnicas. Antúnez sostuvo que la provincia viene planteando estas demandas ante la Secretaría Nacional de Discapacidad y dentro del Consejo Federal, donde las jurisdicciones reclaman recursos y el cumplimiento de las prestaciones correspondientes.
En ese marco, vinculó la discusión actual con los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla participación social y política, salud, educación, deporte, accesibilidad y ajustes razonables. También relató su participación en la Comisión de Discapacidad junto a los diputados nacionales por Misiones Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz, donde, según explicó, el planteo de la representación misionera fue “que la revisión de las cuentas públicas no debe caer sobre las prestaciones y derechos de las personas con discapacidad”.
