La sociedad enfrenta graves riesgos digitales, pues las sanciones y penas a delitos como el grooming no cumplen con la magnitud del daño, advierte una especialista en Radio Provincia LT17.
Claudia Zalesak, especialista en derecho informático, declaró que el grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal, pero las penas que se aplican son “muy bajas”. “Siempre lo decimos… las penas muy bajas”, expresó, al señalar que esas sanciones no disuaden ni protegen adecuadamente a niños y adolescentes.
Riesgos que abre el grooming
Zalesak detalló los delitos interrelacionados con el grooming: ciberacoso, sexting, sextorsión, difusión no consentida de imágenes, explotación sexual infantil en línea, entre otros. Señaló que estos delitos usan herramientas tecnológicas que permiten a un adulto hacerse pasar por un menor de edad. “El grooming… vulnerar niños y niñas adolescentes”, afirmó.
Relató que el esta problemática puede convertirse en puerta a delitos más graves: presión, manipulación, obtención de imágenes, hostigamiento, y en casos extremos, contacto físico. Zalesak explicó que no todas las conductas están tipificadas igual y que muchas imágenes de abuso se comparten sin consentimiento, lo que agrava el daño psicológico.
Falta de tipificación y desafíos legales
La especialista afirmó que el sexting no figura como delito bajo la ley argentina cuando los participantes son mayores de edad, aunque sí señala que cuando hay menores, la situación legal cambia. “El sexting no está tipificado en nuestras leyes argentinas, es una práctica”, dijo.
Zalesak señaló la necesidad de mayores recursos tecnológicos, expertos en peritaje informático y tecnología forense. “Se necesita muchísimo… inversión en tecnología”, insistió. También pidió mayor capacitación institucional y conciencia familiar.
Llamados a la acción
Desde el ámbito académico y jurídico reclaman modificaciones al marco legal para elevar penas, mejorar tipificaciones, reforzar protocolos de denuncia, y apostar por educación en ciudadanía digital. Zalesak consideró crucial incorporar este tema en los currículos escolares —primaria, secundaria— para que menores entiendan los riesgos y sepan cuándo y cómo denunciar.
Esta discusión señala la urgencia de un debate nacional sobre delitos informáticos y protección infantil. Las voces que se alzan reclaman que la legislación y la praxis judicial reconozcan la gravedad del grooming y otorguen sanciones proporcionales al daño.
