La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó este viernes que el conflicto con la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) quedó suspendido. El gremio había anunciado medidas de fuerza para el fin de semana, pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Así, la empresa aseguró la continuidad de los vuelos en todo el país.
“La acciones pretendidas por el gremio no se llevarán a cabo y queda garantizado el normal funcionamiento del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos de la Argentina, todos los días y en todas las franjas horarias”, señalaron desde EANA mediante un comunicado oficial. La empresa buscó así llevar tranquilidad a los pasajeros ante el temor de cancelaciones masivas.
La medida anulada con la conciliación obligatoria de ATEPSA
ATEPSA había informado el jueves una serie de paros escalonados. El sábado, entre las 13 y las 17, planeaba interrumpir los vuelos internacionales. El domingo, de 19 a 22, pretendía afectar los servicios de cabotaje. El gremio calificó de “inaceptable” la propuesta salarial recibida y denunció que la empresa “ofreció un 0% de aumento y pretende dar por cerrado el período paritario 2024/25 cuando llevamos más de 8 meses sin actualizaciones salariales”.
Además del reclamo por mejores sueldos, ATEPSA denunció otros puntos críticos en el sector. El gremio mencionó “despidos ilegales de controladores, técnicos y operadores SAR, el vaciamiento de áreas clave, el posible cierre del centro de formación profesional y la falta total de respuestas por parte de las autoridades del sector”. Estas acusaciones elevaron la tensión en el conflicto.
El plan de lucha contemplaba paros parciales durante toda la próxima semana. La agenda gremial incluía medidas por sectores el martes 27, miércoles 28, viernes 30 y sábado 31. Ese último día, la protesta iba a extenderse a toda la aviación. Sin embargo, la conciliación obligatoria congeló por ahora el calendario de protestas.
En paralelo, el Gobierno nacional resolvió reglamentar el derecho a huelga en sectores esenciales como el transporte, la educación y la salud. La decisión se publicó el miércoles en el Boletín Oficial bajo el decreto 340. La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus nueve ministros, exige a los gremios que garanticen entre un 50% y un 75% del servicio durante las medidas de fuerza.
El rechazo de los sectores sindicales
La nueva reglamentación generó un fuerte rechazo en el sindicalismo. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, cuestionó el decreto y lo consideró un avance del oficialismo contra los derechos laborales. En diálogo con Infobae, expresó: “Insistimos en la herramienta del diálogo consensuado para discutir y avanzar sobre cualquier modificación que deba hacerse en materia laboral, pero siempre con los actores sociales correspondientes, no sacando normativas de manera unilateral que vulneran los derechos fundamentales y la libertad sindical”.
Martínez también lanzó una crítica directa al Ejecutivo. “Este Gobierno le teme al diálogo y parece que no tiene herramientas legales para justificar sus objetivos pro-patronales”, sostuvo. En esa línea, recordó que “todas las disposiciones contempladas en el artículo 97 del DNU 70 continúan suspendidas por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, y explicó que, por eso, “la declaración de invalidez constitucional del artículo 97 no se vería afectada”.
Desde la CGT anticiparon una ofensiva judicial y política para frenar el decreto 340. El gremialista afirmó que “ya está trabajando el equipo jurídico de la CGT que ideó los lineamientos del amparo contra el DNU 70, analizando los caminos legales a seguir para llevar a la Justicia estas normativas que contradicen el orden constitucional e internacional en materia laboral”. Además, adelantó que “se realizará la presentación de la queja correspondiente ante la OIT”.
El conflicto por los derechos laborales en sectores esenciales se suma a la creciente tensión entre el Gobierno y las centrales sindicales. Mientras Milei sostiene su discurso de desregulación económica, la CGT prepara su estrategia legal y política para frenar lo que considera un avance sobre el derecho de huelga. Por ahora, la conciliación obligatoria desactivó el paro en los aeropuertos, pero el clima de confrontación sigue en aumento.
