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Written by 8:37 pm Política

El Gobierno nacional reestructura el INTA, el INTI y otros organismo clave: todos los detalles de la medida

El Gobierno Nacional avanza con una amplia reestructuración de siete organismos públicos, con el foco puesto en la eficiencia administrativa y la reducción del gasto.

En línea con su política de reorganización estatal, el Gobierno Nacional anunció la reestructuración de siete organismos públicos. La medida será formalizada mediante un decreto que entrará en vigencia en los próximos días. Según se indicó oficialmente, la decisión responde a la necesidad de “reducir costos, eliminar estructuras ineficientes y fortalecer el equilibrio fiscal”.

Los organismos alcanzados por esta reconfiguración son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Poder Ejecutivo, orientada a reordenar el funcionamiento del Estado nacional, con foco en la eliminación de funciones solapadas, la reducción del personal contratado y la reasignación de competencias a áreas consideradas más técnicas.

INTI e INTA: nueva dependencia jerárquica y recorte de estructuras

Uno de los organismos más relevantes incluidos en esta reestructuración es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pasará a estar bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, aunque conservará su denominación original. El organismo cuenta actualmente con 2.356 agentes y un presupuesto anual de $85.600 millones.

Según fuentes oficiales, el rediseño del INTI busca preservar su rol en metrología, innovación y calidad, pero corregir lo que se considera una “estructura sobredimensionada y con funciones que compiten con el sector privado”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con más de 6.000 empleados y un presupuesto de $229.000 millones, será reorganizado como un ente desconcentrado dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura. El nuevo enfoque, de acuerdo con el decreto en elaboración, priorizará el desarrollo tecnológico y la investigación aplicada al agro, en lugar del modelo de “extensionismo rural” que se había impulsado en los últimos años.

Disolución de ARICCAME e INAFCI: redistribución de funciones

En el marco del mismo plan, el Gobierno dispuso la disolución de dos organismos: la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

Las funciones de ARICCAME serán redistribuidas entre distintas dependencias: la ANMAT se ocupará de la regulación del cannabis medicinal; la Secretaría de Industria asumirá las competencias vinculadas al cáñamo industrial; y la Secretaría de Agricultura tomará a su cargo la cuestión referida a semillas.

El INAFCI, creado en 2022 como organismo orientado al desarrollo de la agricultura familiar, tenía en su punto máximo más de 900 contratados y contaba con un presupuesto de $2.749 millones. Con su disolución, las funciones serán absorbidas por otras áreas del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Agricultura. Desde el Ejecutivo se indicó que el nuevo modelo apunta a “desburocratizar” la asistencia al sector rural y sustituir estructuras intermedias por mecanismos de mercado.

Reorganización de INASE, INV e INPI: menos autonomía, más centralización

El Instituto Nacional de Semillas (INASE), que regulaba el mercado de semillas y contaba con 233 empleados y un presupuesto superior a $20.000 millones, perderá su carácter de organismo descentralizado. Pasará a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, en una política de mayor integración de los mecanismos de fiscalización y control.

En el caso del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se mantendrá como unidad técnica dentro del Ministerio de Economía. Conservará su rol en la certificación de exportaciones. Sin embargo, se eliminarán instancias consideradas redundantes en los procesos de control. Las certificaciones internacionales, según el nuevo esquema, serán optativas para las bodegas que exporten.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que tiene actualmente 362 empleados y un presupuesto cercano a los $8.500 millones. Será transformado en un ente desconcentrado, también bajo la órbita de la Secretaría de Industria. El organismo conservará su autonomía técnica, aunque perderá su personería jurídica propia y patrimonio. La reestructuración busca “racionalizar su estructura y modernizar su funcionamiento”.

Objetivos del rediseño institucional: déficit cero y eficiencia

Según el Gobierno Nacional, las decisiones adoptadas se alinean con la meta de lograr un “Estado más eficiente, menos costoso y con funciones claramente delimitadas”. El decreto que formalizará estas medidas hace hincapié en la necesidad de evitar la “superposición institucional”. Tambien en reducir los gastos operativos y canalizar los recursos hacia áreas estratégicas.

Desde el Ejecutivo se aseguró que esta reestructuración no implica una desregulación total de los sectores involucrados. Se trata en cambio de una “redistribución funcional” con eje en criterios de eficiencia técnica, desarrollo productivo y modernización institucional.

En todos los casos, se anticipa una reducción de estructuras administrativas, con posibles recortes de personal en función del nuevo diseño operativo. No obstante, hasta el momento no se precisaron cifras sobre bajas, reubicaciones o programas de retiro voluntario.

Reacciones y próximos pasos

La publicación del decreto está prevista para los próximos días, tras lo cual cada organismo deberá implementar su nueva estructura operativa. Mientras tanto, sectores gremiales y trabajadores involucrados manifestaron preocupación por las posibles implicancias laborales de la medida. Desde las asociaciones profesionales se pidió más información sobre la continuidad de proyectos técnicos y programas regionales.

Por el momento, el Gobierno mantiene su postura de avanzar con la reforma administrativa sin afectar los servicios esenciales ni la calidad técnica de los organismos intervenidos.

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