Las causas judiciales que rodean a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y a su primo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tomaron nuevo impulso en las últimas semanas. Diversos expedientes en marcha abordan supuestas irregularidades en contrataciones estatales, manejos en agencias nacionales y licitaciones que, según las denuncias, habrían favorecido a grupos vinculados al oficialismo.
El denominado “caso Spagnuolo” se convirtió en el núcleo de las investigaciones. El expediente, que tramita en los tribunales de Comodoro Py, surgió de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia apareció después de la difusión de grabaciones clandestinas en las que se menciona un esquema de sobornos relacionados con la compra de medicamentos.
La causa de Spagnuolo, la principal de Lule y Martín Menem
En esas grabaciones, el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, habló de supuestos pagos ilegales canalizados a través de la empresa Suizo Argentina. Según los audios, los fondos podrían haber alcanzado a Karina Milei y a Eduardo Menem. Los investigadores revisaron registros telefónicos incautados a los accionistas de la droguería Jonathan y Emmanuel Kovalivker para determinar si existió cartelización, sobreprecios o direccionamiento de contratos estatales.
El expediente está bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, con apoyo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Mientras tanto, las defensas de Spagnuolo y de los Kovalivker reclamaron que se cierre la investigación por la supuesta ilegitimidad de las escuchas. Tanto Lule Menem como Martín Menem se defendieron públicamente y aseguraron que las acusaciones forman parte de “una operación política”.
Tech Security, la empresa de Martín Menem
Otra línea de investigación apunta a la empresa Tech Security SRL, vinculada a la familia Menem. El contrato con el Banco Nación por casi 4.000 millones de pesos quedó bajo la lupa del juez Daniel Rafecas tras una denuncia presentada por el dirigente Juan Ricardo Mussa. El magistrado ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de exdirectivos del banco y la recolección de documentos que aclaren la adjudicación. En este caso, se destacó que Martín Menem transfirió la titularidad de sus acciones en la compañía a su hermano Adrián apenas cuatro días antes de asumir como diputado.
La obra social Osprera también entró en escena por una denuncia de José Antonio Voytenco, secretario general de la Uatre. El juez Casanello analiza si convoca a declaración indagatoria a los mencionados en la causa. La Fiscalía pidió que se cite a Marcelo Carlos Petroni, en cuyo celular figuran mensajes sobre reuniones frecuentes con Martín Menem y funcionarios de la Casa Rosada.
Las investigaciones no se limitaron a la Ciudad de Buenos Aires. En varias provincias se abrieron expedientes por presuntos pedidos de retornos a empleados públicos. Delegaciones de PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires aparecen implicadas en denuncias que señalan que autoridades exigían un porcentaje de los sueldos a trabajadores. Muchos de esos delegados habrían tenido vínculos políticos con Lule Menem.
En Chaco, la Justicia detectó contrataciones directas a empresas vinculadas con referentes de La Libertad Avanza. Además, en Santa Cruz, el jefe de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, fue desplazado tras una denuncia interna. En paralelo, la extitular del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, presentó en marzo una denuncia ante el juez Alejo Ramos Padilla, que aún se encuentra en trámite.
El oficialismo, frente a esta ampliación de las pesquisas, sostuvo que las denuncias forman parte de maniobras impulsadas por la oposición para desgastar la gestión. Desde la Casa Rosada, además, negaron que Martín Menem o Lule Menem hayan intervenido en las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, los tribunales federales solicitaron más documentación y avanzaron con citaciones a funcionarios de la Cámara de Diputados. Voceros judiciales señalaron que las causas en trámite intentan establecer si existió un entramado de sobreprecios, cartelización y desvío de fondos.
En paralelo, una nueva controversia surgió en el PAMI por la compra centralizada de lentes intraoculares. Más de 500 oftalmólogos denunciaron que el precio de los insumos para cirugías de cataratas se multiplicó en pocos meses. Según explicaron, hasta julio cada profesional adquiría los lentes a laboratorios por unos $35.000 cada uno, monto confirmado por los principales proveedores. El organismo reintegraba luego el costo.
La causa del PAMI y los sobreprecios
Desde agosto, el PAMI cambió el sistema. Centralizó la compra de lentes y lanzó una licitación por más de $80.000 millones para un año, con opción de renovación. Además, derogó el sistema de reintegro mediante la resolución 1737/2025 y obligó a los médicos a solicitar los insumos directamente al organismo. Aunque la medida se presentó como una estrategia para abaratar costos y asegurar provisión, los prestadores advirtieron que el Estado terminó pagando valores entre cinco y diez veces superiores a los del mercado.
La resolución 1560/2025 fijó precios entre $150.000 y $300.000 por cada lente, muy por encima de los valores previos. Los médicos aportaron facturas, presupuestos y documentación del proceso licitatorio como prueba del posible sobreprecio. El PAMI defendió el nuevo esquema argumentando que buscaba garantizar trazabilidad y control de insumos. Además, afirmó que el costo total de la prestación ascendía a $565.000, cifra que, según el organismo, resultaba más baja que la de otras obras sociales.
Esta disputa tensó la relación entre el PAMI y los profesionales, que advirtieron sobre un uso ineficiente de los recursos públicos. El caso ya se incorporó a las causas que tramitan en Comodoro Py y en otros juzgados del interior, donde se colabora con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
En medio del calendario electoral, las investigaciones contra los Menem y las denuncias sobre contrataciones estatales concentran la atención política y mediática. Los próximos meses resultarán clave para definir si las sospechas terminan en procesamientos o si se cierran como parte de un escenario de disputa partidaria.
