En medio del desfinanciamiento que atraviesa el sistema de salud pública por el ajuste de recursos impulsado por el Gobierno nacional, la crisis del Programa de Atención Médica Integral (Pami) sumó un nuevo foco de preocupación en Chubut. La creciente demanda de afiliados de la obra social de los jubilados en los hospitales públicos llevó al gobernador Ignacio Torres a presentar una propuesta ante la Secretaría de Salud de la Nación para que la provincia intervenga de manera directa en la atención de los beneficiarios.
El mandatario explicó que la iniciativa apunta a asumir inicialmente el primer y segundo nivel de atención. “Le llevamos dos propuestas: una es poder hacernos cargo del primer y segundo nivel de atención y evaluar también poder financiar el tercer nivel de atención con una gerenciadora provincial”, dijo Torres.
El primer nivel comprende la atención primaria mediante el médico de cabecera, quien realiza controles, emite recetas y dispone derivaciones cuando son necesarias. Asimismo, el segundo nivel incluye consultas con especialistas, guardias médicas, estudios de mayor complejidad e internaciones.
En esta línea, el tercer nivel abarca las prestaciones de alta complejidad, aunque el gobernador aclaró que esa etapa quedaría para una instancia posterior. “El objetivo es garantizar en momentos de corte prestacional que siga la rueda” y asegurar “la atención tanto en el sistema público como en las clínicas privadas”, afirmó.
La propuesta busca garantizar la continuidad de la atención médica
Torres insistió en la necesidad de una respuesta inmediata del Gobierno nacional: “Es urgente una definición por parte de Nación. Si hay alguien que no puede esperar, es el jubilado, y más con temas de salud tan sensibles”, remarcó.
El Gobierno provincial espera contar con una definición desde la próxima semana. La situación resulta especialmente crítica en la zona cordillerana, donde 7 mil afiliados permanecen con las prestaciones interrumpidas desde hace 3 meses.
El gobernador también advirtió que la crisis del Pami ya genera consecuencias sobre el sistema sanitario provincial debido a que las clínicas privadas suspenden la atención de los afiliados, por lo que los hospitales públicos reciben una mayor cantidad de pacientes.
“Cuando las clínicas privadas le cortan el servicio a Pami, rápidamente se dispara la cantidad de uso del sistema público” y “esa presión se refleja especialmente en el aumento de las internaciones y en la mayor ocupación de camas, lo que obliga al Estado provincial a reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales”, sostuvo.
El impacto de los cortes de Nación en las prestaciones
Actualmente, Chubut cuenta con dos hospitales de alta complejidad, ubicados en Comodoro Rivadavia y Trelew. Este último fue inaugurado a comienzos de este año, aunque todavía no dispone de todo el equipamiento previsto.
Asimismo, el incremento de las cuotas de las prepagas y la pérdida de cobertura de trabajadores afectados por despidos o cierres de establecimientos provocaron un crecimiento sostenido de la atención en los hospitales públicos. En este sentido, el Ejecutivo también analiza crear una tarjeta social para ampliar la cobertura de medicamentos destinada a jubilados de menores recursos, en coordinación con los municipios.
Torres destacó además la participación del jefe de Gabinete Diego Santilli, quien facilitó el vínculo con la Secretaría de Salud de la Nación para avanzar en las negociaciones. El gobernador expresó su confianza en alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la atención para los afiliados del Pami en la provincia.
La propuesta provincial surge en medio de una crisis que provocó reiterados cortes en las prestaciones y en la atención médica de los jubilados. Ahora, el Gobierno de Chubut aguarda una respuesta de Nación para avanzar con la implementación de la iniciativa, enfocada en los dos primeros niveles de atención.
No es la primera vez que la provincia reclama soluciones al Pami por problemas de atención o deudas. En abril, ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo para saldar la deuda que el organismo nacional mantenía con Cabin, el centro de radioterapia de Comodoro Rivadavia.
