La Nación enfrenta un nuevo escenario político luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida ratifica lo aprobado previamente en Diputados y establece la emergencia hasta 2026, con la restitución de pensiones y el aumento de las prestaciones que habían sido recortadas por la administración nacional.
En ese marco, según relató Juan Carlos Arguello en El Noticiero Central de Canal Doce, “hubo fuertes reacciones en el Gobierno nacional” y se evalúan distintos caminos de acción. Uno de ellos, señaló, es judicializar el conflicto con el objetivo de “no pagar, no aumentar las prestaciones y dar de baja un montón de prestaciones de las pensiones por discapacidad”.
El Senado ratificó la emergencia y la ampliación de prestaciones de discapacidad
Arguello explicó que el Senado ratificó la ley mediante la cual Diputados había declarado la emergencia de discapacidad hasta 2026. La iniciativa incluye la ampliación de las prestaciones y la devolución de las pensiones a quienes las habían perdido durante lo que describió como “el ajuste con motosierra del gobierno nacional”.
De acuerdo con lo informado en la misma intervención, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la aplicación de la ley tendría un impacto de entre 0,22% y 0,44% del PBI. “Es un impacto casi nulo, sin embargo, tiene un beneficio directo sobre miles de personas”, puntualizó el presentador durante la transmisión televisiva.
El Ejecutivo prioriza el equilibrio fiscal en la disputa
Sobre la posibilidad de recurrir a la vía judicial, Arguello indicó que “el presidente podría llevar esto a la justicia. Dijo que lo importante es sostener el equilibrio fiscal, que no se mueva el ajuste dentro del presupuesto”. La decisión de avanzar en esa dirección surge de la voluntad oficial de mantener la política de reducción del gasto.
En ese sentido, el periodista señaló que “el gobierno parece decidido a ir hasta las últimas instancias para no reponer las pensiones a los discapacitados”. La estrategia se enmarca en la prioridad de la administración nacional de preservar el ajuste fiscal. Todo ello, pese al bajo costo económico que, según cifras oficiales, implicaría la restitución de las pensiones y el refuerzo de las prestaciones.
