Después de casi dos décadas de incertidumbre legal, el Gobierno argentino saldó una deuda histórica con la comunidad de refugiados y por primera vez, reglamentó de forma completa la Ley 26.165. Mediante el Decreto 646/2025, publicado en el Boletín Oficial, se busca transformar el sistema de asilo del país, que actualmente es lento y burocrático, en un proceso claro y ágil. La medida responde a las más de 20.000 solicitudes de asilo que esperan una respuesta.
El decreto no es solo un simple ajuste administrativo; es una declaración de principios que refuerza la posición de Argentina como una nación abierta y humanitaria en el escenario global. En un contexto donde muchos países están enduren sus políticas migratorias, Argentina reafirmó su adhesión a la Convención de Ginebra de 1951 y a su Protocolo de 1967, compromisos internacionales que mantuvo por décadas.
Ley de Refugiados: fin de la incertidumbre y garantía de derechos
La falta de una reglamentación específica había creado un verdadero laberinto legal. El nuevo decreto reconoce esta problemática y señala que la ausencia de un reglamento causaba “serias demoras, inobservancia de estándares constitucionales como el plazo razonable, e incertidumbre jurídica”. La normativa deroga tres decretos anteriores que regulaban el tema de forma parcial y desactualizada.
El nuevo reglamento promete un cambio radical. Establece procedimientos y plazos claros para que los solicitantes sepan qué esperar en cada etapa del proceso. Además, refuerza las garantías procesales al asegurar el acceso a asistencia jurídica y a intérpretes. La normativa también contempla una protección especial para grupos vulnerables, incluyendo a niños, mujeres víctimas de violencia y personas LGTBIQ+.
El decreto subraya que la protección de refugiados es un “deber jurídico” que emana de la propia Constitución argentina. Para fundamentar su decisión, el Gobierno citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que advirtió que la falta de reglamentación de las leyes hace que la “supremacía constitucional se tornaría ilusoria”. Este argumento subraya el carácter obligatorio y necesario de la medida.
La CONARE, eje de la nueva gestión
La implementación de la normativa recaerá en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que opera bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. El decreto establece pautas claras para esta comisión, ordenándole emitir resoluciones de manera fundada, garantizar el acceso a asesoramiento legal gratuito y publicar estadísticas trimestrales para asegurar la transparencia de los procesos y el cumplimiento de los plazos.
Con esta reglamentación, Argentina busca recuperar su histórica posición como un país de acogida. De esta manera, ofrece una respuesta organizada y humana a quienes se ven obligados a huir de conflictos y persecuciones. La entrada en vigencia del decreto será inmediata, marcando un antes y un después en la política de asilo del país.
