La compañía alemana Bayer se encuentra en el ojo del huracán tras la adquisición de Monsanto en 2018. Heredó miles de demandas relacionadas con el herbicida Roundup, cuyo ingrediente principal es el glifosato. En sus demandas, cientos de personas afirman que desarrollaron linfoma no Hodgkin a causa de la exposición al plaguicida.
El panorama se oscureció aún más para Bayer a mediados de junio, cuando el Instituto de Investigación Ramazzini de Italia publicó un estudio con hallazgos alarmantes. La investigación sugiere que el glifosato y los herbicidas basados en este compuesto podrían provocar leucemia y otros tumores, incluso en dosis que actualmente se consideran seguras.

Según Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, la situación generó un ambiente tenso. Mandrioli reveló que fueron días difíciles, lo que sugiere una posible presión por parte de la empresa. “Nuestro objetivo es contar la verdad y enfrentar los problemas que nadie quiere enfrentar”, afirmó.
Bayer buscó desesperadamente una salida a los litigios, pero sufrió reveses significativos. En marzo, un juez de Georgia ordenó a la empresa pagar una compensación de 2.000 millones de dólares a un demandante que vinculó su cáncer a la exposición al Roundup.
La historia de este demandante es representativa de la mayoría de los casos, donde se alega que la exposición al agrotóxico es la causa directa de la enfermedad. Apenas dos meses después, en mayo, la compañía perdió una apelación en un Tribunal Federal de Misuri, que falló a favor de los denunciantes, quienes recibieron 611 millones de dólares.

El respaldo del sector agrícola y las voces políticas
A pesar de los desafíos legales, Bayer cuenta con el respaldo de influyentes organizaciones agrícolas en Estados Unidos. Estos grupos, que en algunos casos reciben financiamiento de la propia Bayer y otras compañías agroquímicas, defienden el glifosato como una herramienta esencial para la agricultura moderna. Argumentan que el plaguicida es necesario para garantizar la producción de alimentos que “dan de comer al mundo”.
Una figura destacada que apoyó esta postura es Kim Tom, un agricultor y exembajador de Estados Unidos ante la FAO. Tom sostiene que una prohibición del glifosato provocaría un aumento en el precio de los alimentos, un escenario que contradeciría las promesas del presidente Donald Trump. Monsanto, la compañía original, introdujo sus productos a base de glifosato en la década de los setenta, y desde entonces se convirtió en el herbicida más utilizado a nivel mundial.

La paradoja en el gobierno de Trump
En Estados Unidos, se vive una coyuntura política interesante. El gobierno de Trump, que busca el apoyo de un sector conservador, promovió la desregulación para favorecer a la industria agroindustrial. Sin embargo, al mismo tiempo, emerge el movimiento MAHA (Make America Healthy Again).
Este movimiento cuenta con el apoyo de figuras dentro de la propia administración, como Robert F. Kennedy Jr., quien ahora se desempeña como secretario de Salud y Servicios Humanos. Kennedy, un demócrata que históricamente criticó la contaminación ambiental y ha participado en litigios contra Roundup, declaró: “Nunca se vio a un presidente, demócrata o republicano, que esté dispuesto a hacerle frente a la industria cuando eso sería lo correcto”.

El funcionario sostiene que el Roundup está vinculado a una variedad de problemas de salud, incluyendo cáncer de colon, de riñón y “muchísimos otros problemas”. Esta posición contrasta con la de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), que está revirtiendo rápidamente las normativas ambientales. Sin embargo, en paralelo, existen esfuerzos para controlar enfermedades crónicas, mejorar la salud pública y reducir el uso de plaguicidas. Es una paradoja en la que ambas tendencias coexisten.
La lucha por la inmunidad legal
La situación podría empeorar para los demandantes si Bayer y sus aliados en la industria agroquímica logran sus objetivos legislativos. La compañía impulsa “leyes de inmunidad” en varios estados, con el fin de dificultar o, incluso, imposibilitar que las personas perjudicadas por sus productos presenten demandas en su contra. Por ello, se considera vital seguir de cerca estos casos y las leyes que las empresas están promoviendo en su beneficio.
Fuente: Agencia Tierra Viva

