En los primeros nueve meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, de acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El ajuste afectó a casi todas las áreas del Estado, con recortes significativas en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.
Entre los organismos más golpeados, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 70%, mientras que varios hospitales nacionales registraron bajas de entre el 30% y el 38%. El Instituto Malbrán perdió el 22% de su ejecución y la Anmat, encargada del control de medicamentos y alimentos, un 28%. En contraste, el Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 42% en sus partidas.
En el campo científico, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación fue el más afectado, con una reducción del 83%. El Conicet, la Conae, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino tuvieron caídas que oscilaron entre el 19% y el 35%. En educación, programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución. Además, las partidas para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio se desplomaron hasta un 89%.
Desarrollo, sociedad y educación
Los organismos vinculados al desarrollo productivo también padecieron fuertes ajustes. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto en 78%, el INTA en 38% y el INTI en 45%, afectando directamente la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la asistencia al sector industrial y agropecuario. La Comisión Nacional de Energía Atómica perdió un 44% de su presupuesto, mientras que el ENRE y el Enargas retrocedieron 22% y 28%, respectivamente, en un contexto de debate sobre la política energética y tarifaria.
En el plano social, la Anses redujo su ejecución un 7%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un 72% y el Inaes un 74%. Programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia mostraron caídas que van del 88% al 100%. Los fondos para comedores comunitarios y merenderos también tuvieron un recorte del 63%.
El Ministerio de Capital Humano, que concentra las áreas sociales y educativas, resultó el más afectado. En Educación, la baja fue del 49%; en Niñez y Familia, del 72%. Otras carteras también sufrieron reducciones significativas: el Ministerio de Economía (-51%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (-53%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (-21%). Solo el gasto en inteligencia estatal mostró una suba interanual del 35%.
Perspectivas hacia 2026
El proyecto de Presupuesto 2026, analizado por el CEPA, proyecta la continuidad del ajuste con un marco de “blindaje fiscal”. Según el texto, si la recaudación supera lo previsto, el Gobierno reducirá impuestos, pero si cae, deberá recortar gasto discrecional, especialmente en áreas como salud, educación y desarrollo social.
El plan mantiene la meta de equilibrio financiero, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3%. La proyección de crecimiento del 5% se ubica levemente por encima del promedio estimado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que prevé 4,4%.
Desde el lado del gasto, se consolida una política de recorte estructural en sectores sensibles. En educación, las partidas aumentan apenas 4% nominal respecto de 2025, mientras las universidades nacionales continúan con recursos limitados y las becas estudiantiles acumulan una caída del 76% desde 2023.
En el Conicet, el ajuste interanual proyectado es del 5,4%, acumulando casi 40% en tres años. La Conae dispondrá de un 34% menos de presupuesto, y el INTA y el INTI acumularán reducciones del 44% y 49%, respectivamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica perderá otro 13%.
En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad tendrá un nuevo recorte del 7,3%, y la Prestación Alimentar junto con los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente.
El CEPA advirtió que el Presupuesto 2026 “mantiene el sesgo contractivo del gasto público” e incorpora medidas que agravan la situación institucional, como la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares y la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef, el fondo destinado a la defensa nacional.
Menor peso del Estado en la economía
El director del CEPA, Hernán Letcher, sostuvo que la reducción del gasto no solo implica un achicamiento fiscal, sino también una pérdida de capacidad institucional: “Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.
Por su parte, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), explicó que el proceso actual combina dos tendencias: “El gasto total crece, pero por debajo del PBI, por lo que el Estado va perdiendo peso relativo en la economía”. Según sus cálculos, el gasto indexado que incluye jubilaciones y pensiones aumentó 18% en términos reales, mientras que el gasto no indexado salarios, obra pública y subsidios cayó 10%.
“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, precisó Argañaraz, quien advirtió que esa dinámica “genera un efecto multiplicador negativo”: menos poder adquisitivo para los empleados públicos y menor actividad en los sectores vinculados a la construcción.
El Iaraf estima que el gasto total crecería 2,1% real este año, por debajo del ritmo de la economía, lo que implica una menor incidencia del gasto público en el PBI y un superávit fiscal sostenido a costa de un ajuste más profundo. Para alcanzar la meta del 1,6% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno debería recortar 16% real el gasto no indexado en el último trimestre.
Impacto económico
Argañaraz advirtió que el desafío no es solo cuantitativo: “Después de un ajuste grueso, debe venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos impacta directamente en los servicios que presta el Estado, se generan cuellos de botella. La eficiencia no se mide solo por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios funcionando con menos recursos”.
En la misma línea, Daniel Garro, director de Value International Group, interpretó el desfinanciamiento como parte de una estrategia deliberada del Gobierno para “cerrar o debilitar organismos considerados ineficientes o redundantes”. Según explicó, “cuando la Ley Bases salió recortada y no se pudo avanzar con el cierre de ciertas dependencias, el Ejecutivo optó por desfinanciarlas”.
“El mensaje es claro: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. No hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.
Aun así, consideró que el impacto económico será limitado: “Muchos de esos organismos realizan tareas que pueden asumir los privados o que son meramente cajas políticas. El Gobierno busca que se ajusten, que auditen sus gastos y eliminen ineficiencias”, concluyó.
