El complejo Penha, una red de trece favelas al norte de Río de Janeiro, tuvo una movilización multitudinaria tras la operación policial que dejó 117 civiles muertos. Desde temprano, una caravana de motociclistas con remeras blancas avanzó por la calle Rucas entre vendedores y vecinos que intentaban abrir paso. El punto de encuentro fue una cancha de fútbol rodeada de viviendas, donde comenzó la denominada “marcha blanca”, convocada para exigir justicia por las víctimas del operativo contra el Comando Vermelho.
La concentración, en principio silenciosa y marcada por consignas de duelo, cambió de tono con la llegada de militantes de izquierda, sindicatos y movimientos sociales. En pocos minutos, el pedido de justicia se transformó en una protesta política contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Las pancartas exigían “Fora Claudio Castro” y denunciaban la “criminalización de las favelas”. También se vieron banderas de Palestina y de la Central de los Trabajadores de Brasil, mientras jóvenes repartían adhesivos con la frase “Chega de chacina” en los accesos a la cancha.
De la consigna por justicia a la denuncia política
Entre los asistentes, pocos se refirieron al Comando Vermelho o a los enfrentamientos recientes. Los familiares directos de las víctimas, que habían pasado por la morgue estatal, evitaban hablar con la prensa o pedían mantener el anonimato. Una mujer identificada como Alessandra expresó que “la Policía vino directamente a matar, siempre hace eso”, mientras cocinaba hamburguesas en uno de los puestos improvisados del lugar. La mayoría de los manifestantes vestía camisetas deportivas blancas del Real Madrid, Corinthians o Flamengo, y solo unos pocos llevaban prendas con los rostros de los fallecidos.
El gesto más repetido fue el de impregnar las manos en pintura roja para estamparlas sobre las remeras, símbolo de las muertes atribuidas a la violencia policial. A pesar de la lluvia intensa, el grupo estimado en tres mil personas permaneció en el lugar hasta la caída de la tarde. En las prendas se leían frases como “Yo solo quiero ser feliz, andar tranquilo por la favela donde nací”, acompañadas del dibujo de un helicóptero con un mensaje satírico: “Ustedes están rodeados de prejuicios. ¡Salgan con las manos en alto!”.
Los ecos de la masacre en la favela y el duelo en Copacabana
Mientras tanto, las autoridades de la morgue estatal identificaron 99 de los 117 cuerpos que hallaron entre los complejos Penha y Alemão. A estas víctimas se sumaron cuatro policías que fallecieron, lo que elevó la cifra oficial de muertos a 121. Los agentes —Marcos, Cleiton, Heber y Rodrigo— recibieron homenajes el viernes en la playa de Copacabana, donde sus familiares y compañeros colocaron cruces con sus nombres frente al hotel Copacabana Palace. “Los derechos humanos son iguales para todos”, decía uno de los carteles junto a las fotos de los uniformados.
El acto en memoria de los policías se desarrolló bajo la mirada de turistas que fotografiaban las cruces y de un patrullero estacionado sobre la arena. Sin embargo, los refuerzos de seguridad no evitaron nuevos episodios violentos. Esa misma noche, una familia fue atacada a balazos en Jacarepaguá, en el suroeste de la ciudad. La adolescente de trece años que viajaba en el vehículo recibió cinco disparos y se encuentra en estado grave, al igual que su madre. El conductor fue detenido al comprobarse que el automóvil tenía documentación adulterada.
La inseguridad paraliza la vida nocturna y agrava la crisis política
De acuerdo a Clarín, autoridades investigan si el ataque estuvo vinculado a represalias del narcotráfico, en medio de un clima de temor generalizado. Numerosos bares y locales de espectáculos de Río suspendieron sus actividades por el fin de semana debido a la caída de público y al temor a nuevos tiroteos. La escalada de violencia reavivó además el conflicto entre el gobierno estatal de derecha y la administración federal de Luiz Inácio Lula da Silva.
En las horas posteriores al operativo, circularon versiones sobre una posible tregua política entre Lula y Castro para aplicar el programa de Garantía de Ley y Orden (GLO), que permitiría al Ejército intervenir en tareas de seguridad pública. El gobierno federal, sin embargo, rechazó la medida. Según fuentes oficiales, el despliegue militar proyectaría una imagen internacional de colapso institucional en una ciudad símbolo del turismo brasileño. Mientras tanto, las calles de Río siguen bajo vigilancia y las favelas, bajo tensión.
