Durante su columna en Canal Doce, la periodista Paula Martínez analizó los puntos que generan mayor expectativa dentro del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno nacional y el Ministerio de Economía preparan para enviar al Congreso. Según explicó, “todavía faltan definir algunos aspectos técnicos para conocer cuál será el impacto final de esta reforma, especialmente en lo que respecta a la coparticipación y la distribución del IVA entre Nación y provincias”.
Uno de los cambios más relevantes, señaló Martínez, se centra en la modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Quizás la medida más importante tiene que ver con esta división que se planea hacer del IVA en dos partes: un 9% para la Nación y un 12% que iría a las provincias”, precisó.
La periodista advirtió que, si bien aún no hay una fecha definida para la presentación del proyecto ante el Congreso, el equipo del ministro Luis Caputo ya trabaja en un análisis detallado del impacto por distrito.
La reforma tributaria que prepara Nación
Sobre el nuevo esquema de distribución del IVA, la idea es “partir” al impuesto en dos. La Nación continuará con un alícuota de base del 9%, del 21% que tiene en la actualidad ese gravamen, más allá de alícuotas recortadas y excepciones que aplican a algunos bienes o servicios. Ese 9% tiene sentido al entender cómo es la coparticipación “primaria” del IVA.
Actualmente, la Nación retiene el 42% del total recaudado por el IVA y distribuye el resto entre el conjunto de provincias, destinando una parte menor a fondear los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que administra la cartera de Interior. Ese 42% implicaría, de manera lineal, que a la Casa Rosada le corresponden eso 9 puntos porcentuales del 21% total.
La parte más novedosa llegará para los 12 puntos porcentuales restantes: la idea que sobrevuela en los despachos oficiales y que buscará ser plasmado en el proyecto de ley de reforma tributario es establecer un esquema con “criterios objetivos”, según definió una fuente con conocimiento de ese tema. Ese criterio estaría determinado por el nivel de gasto que cada provincia necesite cubrir.
Este eventual cambio podría beneficiar a Misiones, que actualmente se posiciona entre las jurisdicciones más afectadas por el sistema de coparticipación vigente, con una reducción documentada de entre 6% y 7% en su coeficiente secundario entre 2015 y 2024. Esta merma representa una pérdida sustancial de recursos que limita severamente el financiamiento de servicios esenciales como educación, salud e infraestructura. En especial, en una provincia que presenta alta densidad poblacional y demandas sociales prioritarias.
El contraste con otras jurisdicciones profundiza esta desigualdad: Buenos Aires incrementó su participación del 18,7% al 22,2% en el mismo período, mientras que CABA recibió transferencias discrecionales por casi medio billón de pesos en 2024. Misiones, excluida de estos beneficios adicionales, enfrenta así una doble desventaja: elevadas necesidades sociales y una participación decreciente en la distribución secundaria. Algo que fundamenta la necesidad urgente de una reforma del sistema.
Aún faltan definir los aspectos técnicos de la reforma
De acuerdo a fuentes periodísticas, el Ministerio de Economía aún define los aspectos técnicos de la reforma, a cargo de un grupo de funcionarios del Palacio de Hacienda, con consultas a especialistas en tributación de estudios privados. En el ámbito oficial sostienen que la decisión sobre el momento de presentación ante el Congreso no corresponde a Economía, sino a la Casa Rosada.
Además, el gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen, por ejemplo, para las empresas que ingresen al RIGI. Una de las ideas en evaluación es reducir la cantidad de impuestos sin afectar significativamente la recaudación, priorizando la eliminación de tributos de bajo impacto fiscal. También se mencionó la posibilidad de reducir en 90% la cantidad de impuestos que conforman el sistema tributario.
