En el marco del debate por el Presupuesto Nacional, la Unión Argentina de Salud (UAS) expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que la ley sea aprobada sin la prórroga de la Emergencia Sanitaria. Desde la entidad advirtieron que esta situación podría poner en riesgo la continuidad de miles de prestadores privados y afectar a más de un millón de trabajadores registrados del sector.
La UAS, integrada por 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, empresas de emergencias médicas, laboratorios y otros prestadores, señaló que la eliminación del Capítulo XI del proyecto aprobado en Diputados deja al sistema en una situación de “extrema vulnerabilidad”. Según el comunicado, más de 5.000 instituciones podrían quedar al borde del cierre a partir del 1 de enero de 2026 si no se adoptan medidas urgentes.
La Emergencia Sanitaria, vigente desde 2001, ha funcionado como un marco de contención frente a una crisis estructural no resuelta. Desde el sector explican que durante más de dos décadas no se sinceraron costos ni aranceles, mientras los gastos operativos y laborales crecieron de manera sostenida, profundizando el desequilibrio financiero de los prestadores.
Uno de los principales reclamos de la UAS es la prórroga del régimen de inembargabilidad, que protege a las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. Advirtieron que la posibilidad de embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de forma inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema sanitario.
El presidente de la entidad, Hugo Magonza, remarcó que las deudas fiscales acumuladas responden a un contexto prolongado de crisis económica, atraso arancelario y aumento de costos, y no a una falta de voluntad de cumplimiento. En ese escenario, insistió en la necesidad de un decreto del Poder Ejecutivo que garantice un resguardo transitorio mientras se avanza en una reforma integral.
Finalmente, la UAS subrayó que la salud no puede ser tratada como una actividad económica más. En su mensaje, reclamó previsibilidad y protección normativa para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar el derecho a la salud de toda la población.
