La crisis del sector del cuero vuelve a golpear con fuerza a una de sus principales empresas. Sadesa, la curtiembre vinculada a la familia de Marcos Galperin -fundador de Mercado Libre-, extendió el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y mantiene en vilo a cientos de trabajadores ante la posibilidad de despidos en los próximos meses.
El acuerdo, renovado a comienzos de marzo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, garantiza un período de estabilidad laboral hasta mayo. Durante ese lapso, la empresa se compromete a no avanzar con despidos ni suspensiones, mientras aplica un esquema especial para reducir costos en un contexto adverso.
Como parte del entendimiento, los trabajadores pasaron de percibir un salario 100% no remunerativo a un esquema mixto: actualmente, el 70% del sueldo se paga bajo modalidad no remunerativa y el 30% restante con aportes. Esta medida implica un alivio para la empresa, aunque reduce el impacto de los aportes en los ingresos de los empleados.
Sin embargo, el horizonte inmediato genera preocupación. Una vez finalizado el blindaje del PPC, la compañía analiza despedir al menos a 100 trabajadores y suspender a otros 200 como parte de un proceso de reestructuración interna.
La incertidumbre se profundiza con la posibilidad de que parte de la producción sea trasladada a países como Tailandia o Vietnam, donde los costos operativos resultan más competitivos. Esta alternativa encendió las alarmas en las plantas locales.
Uno de los focos más sensibles es la planta de Esperanza, en Santa Fe, donde la situación social es cada vez más compleja. Allí, cientos de trabajadores dependen de la continuidad de la actividad en un contexto marcado por la caída histórica del sector, que pasó de facturar unos 1.000 millones de dólares en 2012 a cerca de 100 millones en la actualidad.
El acuerdo del PPC contó con el aval de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), aunque no estuvo exento de tensiones. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Cuero de Esperanza manifestaron su rechazo inicial y reclamaron mayores garantías para sostener los puestos de trabajo.
Según relataron representantes gremiales, la negociación estuvo atravesada por fuertes presiones. Finalmente, los trabajadores aceptaron continuar dentro del esquema tras una asamblea dividida, ante el temor de despidos inmediatos si no se firmaba el acuerdo.
Más allá del alivio transitorio que otorga el PPC, el futuro laboral de cientos de familias sigue atado a una definición que llegará en los próximos meses y que podría profundizar el impacto de una crisis que ya lleva años.
