La directora del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (CADIFU) Amanda Álvarez, celebró la medida del Gobierno provincial que establece un régimen extraordinario y transitorio para garantizar la continuidad de los servicios. La titular de la asociación civil calificó esta medida como un “abrazo” por parte de la gestión misionera. El anuncio trajo esperanza a una institución que enfrenta un contexto financiero asfixiante debido a la falta de fondos externos. “Todos estamos contentos con esta medida, que es muy importante porque nos da un poquito de alivio”, aseguró en comunicación con LT 17 Radio Provincia de Misiones.
La noticia se recibió de forma positiva ya que la situación se agrava día a día en el plano local y nacional. La funcionaria provincial remarcó el contraste entre la rapidez local y la inacción de la administración central. “Con esta demora de más de cinco meses de pago por parte de Nación es un alivio enorme”, dijo Álvarez. Y agregó: “También tenemos demoras en las altas de las obras sociales, estuve hablando con colegas de otras partes de Argentina y está todo muy desordenado. Hay colegas de Capital (Federal) que no cobran desde octubre y le pasa a la mayoría de los prestadores”.
Una medida de alivio para prestadores en el sector de discapacidad
Por otra parte, contó cómo trabajan en CADIFU y habló de la importancia de contener a este sector vulnerable de la población. La asociación desempeña un rol fundamental en la provincia de Misiones. “Nosotros tenemos trescientos beneficiarios entre niños y adultos, porque somos el único centro en la provincia que cuenta con todas las modalidades”, sostuvo. Se trata de una decisión basada en los principios de su institución: “La idea es poder dar respuesta a las familias y a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida”.
Sin embargo, los desafíos para dar sostenimiento a estos valores de trabajo son muchos, desde insumos a pagos salariales. La directora detalló los sacrificios realizados para no interrumpir la atención. “Nos endeudamos un montón, hicimos de todo porque nuestro objetivo era sostener el servicio. Trabajamos con una población de chicos muy humildes y no queríamos restringir. Ahora estamos muy complicados con las deudas al personal”, describió la directora.
A raíz de estas preocupaciones, tomaron este régimen extraordinario como una señal por parte del Gobierno provincial. La medida otorga un marco legal de protección ante la crisis. “Desde el primer momento, tuvimos una respuesta positiva y fue como un abrazo. Estábamos muy preocupados por lo que podía suceder, incluso en la cámara, con la modificación de la Ley de Emergencia”, aseguró la prestadora.
En ese sentido, reflexionó sobre la proximidad del Ejecutivo provincial y su celeridad a la hora de brindar soluciones concretas. “Que el gobernador haya tenido este gesto tan importante y se haya movido tan rápido para darnos este beneficio garantiza, al menos, algo de continuidad”, afirmó. Por último, también cuestionó la postura que adoptó la administración central en relación al sector.
“El único mensaje que puedo dar como prestadora y como mamá de una persona con discapacidad es gracias, por el apoyo y la contención en un momento de poca empatía y ataque constante hacia los derechos de estas personas”, consideró la referente. Y concluyó: “Estamos en la misma situación del PAMI, tratando de ver qué sucede porque no entendemos por qué se han ensañado tanto con las personas con discapacidad. En realidad, lo único que hay que hacer es proteger y defender porque son el sector más vulnerable”.
