Las instituciones santafesinas que trabajan con personas con discapacidad atraviesan una situación crítica y advierten que varias podrían dejar de funcionar durante julio. El escenario se agravó por las demoras y dificultades en el pago de prestaciones, en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Algunos espacios ya cerraron sus puertas y otros redujeron actividades por falta de recursos. En este sentido, distintas organizaciones consideran que el 1° de julio representa una fecha límite para garantizar su continuidad.
Representantes de instituciones, transportistas, profesionales, trabajadores, usuarios y familiares se reunieron la semana pasada en el Colegio de Psicólogos de Rosario. Allí analizaron el impacto de la crisis y reclamaron un mayor acompañamiento del gobierno provincial para sostener los servicios.
Además, el pasado viernes mantuvieron un encuentro con legisladores provinciales. La reunión se desarrolló en el marco de una iniciativa del diputado Carlos Del Frade, quien impulsa la creación de un Fondo Provincial de Emergencia para Organizaciones Prestadoras de Servicios para Personas con Discapacidad.
Durante la actividad participaron funcionarios provinciales, ante quienes las organizaciones plantearon la necesidad de medidas urgentes. “Nosotros sabemos que la solución está a nivel nacional, pero la provincia puede aportar paliativos hasta que esta pesadilla se termine. Necesitamos un posicionamiento claro del gobierno provincial en este tema”, expresó Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes).
Crisis en el sistema de prestaciones y reclamo de financiamiento para el sector de Discapacidad
La situación resulta especialmente preocupante en Rosario, donde al menos cinco instituciones atraviesan escenarios dramáticos. El centro de día Alas advirtió que deberá cerrar en julio si no se actualizan los pagos, mientras que Integrarte ingresó en cese de pagos y El Aprendiz permanece al borde del cierre.
Asimismo, los centros educativos terapéuticos El Cruce y Abrasoles ya dejaron de funcionar en diciembre. En esta línea, otros espacios de la provincia, como Bitácora en Venado Tuerto y Todos los chicos en Casilda, enfrentan dificultades similares.
“Tenemos instituciones que están ante un cierre inminente el próximo mes si no entra un pago del programa federal Incluir Salud. Los equipos terapéuticos de esas instituciones están prácticamente desmembrados, trabajan menos días y sin la posibilidad de comprar la comida para los concurrentes”, explicó Bolego. Además, agregó que “hay una situación límite en varias instituciones de la ciudad y la provincia. Y venimos denunciando hace un tiempo que esto iba a suceder. Seguimos peleando para que el Gobierno nacional cumpla con la ley, pero necesitamos respuestas urgentes para las instituciones”.
Las organizaciones propusieron medidas como la provisión de alimentos mediante la cocina centralizada, el boleto gratuito para trabajadores del sector y exenciones impositivas para aliviar la situación. “La propuesta de Del Frade es interesante porque recoge lo que se hizo en otras provincias, como Mendoza o Córdoba, donde los ejecutivos provinciales inyectaron dinero a las instituciones que estaban al borde del quiebre”, indicó Bolego. Luego insistió: “Nosotros sabemos que la solución está a nivel nacional, pero la provincia puede aportar paliativos hasta que esta pesadilla se termine. Necesitamos un posicionamiento claro del gobierno provincial en este tema”.
