Instituciones, profesionales, transportistas y trabajadores vinculados a la atención de personas con discapacidad en Santa Fe expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector a nivel nacional. En ese marco, advirtieron que numerosos espacios terapéuticos y educativos podrían cerrar en los próximos meses debido a la falta de financiamiento.
La problemática quedó expuesta durante una reunión realizada en el Colegio de Psicólogos de Rosario. Allí, referentes de distintas organizaciones se encontraron con legisladores y funcionarios provinciales para analizar el escenario actual y solicitar medidas urgentes.
Uno de los principales reclamos apuntó a la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en septiembre de 2025. En esta línea, las organizaciones señalaron que la normativa aún no fue reglamentada por la administración del Gobierno nacional.
La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, describió el momento que atraviesa el sector como una situación “agónica”. Además, aseguró que muchas instituciones se encuentran prácticamente “en estado de abandono”.
“La situación de las personas con discapacidad es extrema y el Gobierno nacional no da respuestas. Necesitamos decisiones urgentes para que los espacios puedan seguir funcionando y garantizando prestaciones esenciales”, afirmó.
El impacto del atraso en los pagos
Según explicó la dirigente, la demora en los pagos y la falta de actualización de aranceles afectan directamente a instituciones, transportistas, profesionales y trabajadores. En este sentido, sostuvo que el sector enfrenta un fuerte ahogo financiero que compromete la continuidad de los servicios.
Durante el encuentro también se analizó la creación de un fondo de emergencia para discapacidad que actualmente debate la Legislatura santafesina. El proyecto fue impulsado por el diputado Carlos del Frade y las organizaciones consideran que su aprobación resultaría clave para sostener al sector.
Al respecto, Chapero advirtió que algunos espacios ya cerraron y otros están “al borde del colapso”. “Necesitamos decisión política para no desaparecer. Esto afecta directamente la dignidad y los proyectos de vida de las personas con discapacidad”, concluyó.
