El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó bajo una medida restrictiva que le impide salir del país sin autorización judicial. La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien conduce la causa por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario.
Además, en los tribunales de Comodoro Py se rechazó otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención. Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Gerardo Pollicita emitió un dictamen en el que descartó riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, aunque pidió que Adorni notifique previamente cualquier viaje para que la Justicia “evalúe la pertinencia y razonabilidad”.
El juez Lijo ordenó lo solicitado y aplicó así la primera restricción desde que se abrió el expediente. En este sentido, la medida alcanza únicamente a Adorni y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación.
La primera medida que limita los movimientos de Adorni
Previo a la resolución, Adorni presentó un escrito a través de su abogado Matías Ledesma en el que aseguró que permanece en el país y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el corto plazo. Sin embargo, versiones periodísticas habían señalado que planeaba mudarse a Uruguay tras su salida del Gabinete.
Los denunciantes, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, habían solicitado su detención o, en subsidio, la prohibición de salida y la retención del pasaporte. El fiscal y el juez descartaron ambos planteos. Pollicita consideró que Adorni no incurrió en “reparos innecesarios” ni “dilaciones” que afecten el trámite.
Asimismo, el fiscal evaluó que las conversaciones con el contratista Matías Tabar antes de su declaración no fueron un obstáculo. “Precisamente fue ese testigo el que más lo complicó”, sostuvo, al remarcar que Adorni no influyó en su testimonio ni lo hostigó. Tabar remodeló la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, donde Adorni gastó al menos 245 mil dólares.
Patrimonio bajo lupa
En esta línea, Pollicita también tuvo en cuenta que Adorni no posee antecedentes penales, que mantiene bienes en el país y que reside junto a su familia, lo que reduce el peligro de fuga alegado por los denunciantes.
La causa avanza hacia una etapa clave. En las próximas semanas, Adorni deberá dar explicaciones formales en Comodoro Py. El fiscal prepara un requerimiento de justificación patrimonial basado en un informe de la DAFI, que revelará si existen inconsistencias en su fortuna. El estudio podría estar listo antes de la feria judicial de invierno.
Ese requerimiento será la primera oportunidad para que Adorni demuestre que su patrimonio tiene origen legal. Públicamente, dijo que contaba con 500 mil dólares en negro provenientes de criptomonedas, aunque esa versión aún no fue comprobada. Si no logra despejar las sospechas, la próxima instancia será un llamado a indagatoria.
Esta semana declararon los últimos testigos. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, empleados de la Vocería Presidencial, admitieron haber prestado su nombre o tarjetas de crédito para compras millonarias de Adorni. Se sospecha que era una maniobra para ocultar gastos que no podía justificar con ingresos legales.
