La Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim) informó que apartó de sus funciones al encargado de la oficina de San Pedro e inició las denuncias correspondientes tras detectar presuntas estafas que habrían afectado a productores tabacaleros. La Comisión Directiva comunicó que adoptó esas medidas apenas tomó conocimiento de los hechos y confirmó que el involucrado ya no representa a la institución.
A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que la situación fue constatada a mediados de julio y aseguró que actuó de manera inmediata. Además, indicó que el accionar atribuido al ex encargado provocó un perjuicio tanto a productores asociados como a la propia institución.
La comisión precisó que resolvió apartar a Nicolás Fabián Borja, encargado de la oficina de la cooperativa y ex candidato a concejal de San Pedro por el Partido Agrario y Social (PAyS). También, decidieron avanzar con las presentaciones ante las autoridades competentes. También sostuvo que brindó respuestas a los asociados afectados mediante las medidas que consideró correspondientes.
Desde Actim remarcaron que los hechos investigados no admiten tolerancia y reafirmaron el compromiso institucional de preservar la confianza de los productores. En ese sentido, señalaron que la credibilidad constituye uno de los principales valores de la organización.
La causa judicial avanza con nuevas medidas
Mientras tanto, la Justicia de Misiones mantiene abierta una investigación por una presunta maniobra que habría ocasionado un perjuicio superior a los 50 millones de pesos a unos 30 productores tabacaleros de San Pedro. En ese marco, este jueves se realizaron allanamientos en la sede de la cooperativa y en una vivienda particular, donde se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias.
Según la hipótesis de la investigación, el principal sospechoso habría confeccionado Volantes Electrónicos de Pago (Vep) falsos para simular obligaciones tributarias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). De acuerdo con la pesquisa, mediante esa modalidad cobraba dinero a productores bajo el argumento de cancelar esos compromisos fiscales.
En su comunicado, Actim recordó además que ningún empleado de la institución está autorizado a recibir dinero en efectivo ni a cobrar suma alguna por trámites impositivos, administrativos o cualquier otra gestión en nombre de los productores. La entidad aclaró que todas las operaciones vinculadas a pagos deben realizarse exclusivamente por los canales oficiales habilitados.
La investigación judicial continúa con la recolección y el análisis de las pruebas incorporadas al expediente, mientras la cooperativa ratificó su decisión de colaborar con las autoridades y reforzar los mecanismos institucionales para resguardar a sus asociados.
