La administración del Gobierno nacional decidió clausurar un mecanismo que permitía a las pymes reducir costos operativos y esquivar el impuesto al cheque. Con la Resolución General 1.166, la Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó la posibilidad de usar cheques para ingresar o retirar fondos en las cuentas de las sociedades de Bolsa, obligando a canalizar todo por el sistema bancario tradicional. La medida impacta de lleno en el sector productivo, que deberá tributar el gravoso impuesto a los créditos y débitos.
En este sentido, Nación justificó la decisión en un objetivo recaudatorio. La operatoria bursátil con cheques, habilitada en mayo y luego limitada a dos por día, se había popularizado como vía legal para evitar el impuesto del 0,6% por cada débito y otro 0,6% por cada crédito.
Según el economista Salvador Vitelli, la recaudación de este tributo se desplomó un 9% en agosto, pese a que la actividad económica creció cerca de dos puntos. El Ejecutivo temía que el agujero fiscal se profundizara mes a mes.
La normativa estableció que las transferencias bancarias o CVU vinculados al Cuit del titular serán la única modalidad habilitada para mover liquidez en las cuentas comitentes. En los considerandos, la CNV argumentó que busca asegurar disponibilidad inmediata de fondos, evitar rechazos de cheques y mejorar la trazabilidad para prevenir “conductas disvaliosas” en el mercado.
Crece el malestar en el sector productivo
La marcha atrás generó fuerte malestar entre empresarios pyme y agentes bursátiles. En foros y redes sociales denunciaron que la medida encarece la operatoria diaria y golpea a las firmas que trabajan en descubierto para comprar mercadería.
Las sociedades de Bolsa enviaron comunicados a sus clientes aclarando que la restricción aplica solo al cheque como vía de fondeo. Mientras que la operatoria de cheques de pago diferido como instrumento de inversión seguirá vigente.
De esta manera, la resolución cierra una ventana que durante algunos meses permitió a las pymes abaratar costos transaccionales. Ahora las devuelve a la órbita obligatoria de un impuesto creado hace más de 25 años bajo una “emergencia por 90 días” y que se consolidó como uno de los tributos más distorsivos del sistema argentino.
