El Gobierno de Misiones, encabezado por Hugo Passalacqua, se anticipó a la nueva disputa judicial por la Ley de Tierras Rurales y ordenó avanzar con una estrategia propia para defender el territorio provincial. La decisión se formalizó el 2 de octubre, mediante el Decreto 1935, que instruyó a la Fiscalía de Estado a promover las acciones legales necesarias frente a la derogación del régimen que limitaba la titularidad extranjera de tierras rurales.
Una semana después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737. La medida, conocida este viernes 9 de octubre, se dictó en una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y no corresponde al expediente que había motivado la intervención de Misiones.
La secuencia judicial puso nuevamente en discusión los alcances de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional. En ese contexto, la gestión de Passalacqua ya había optado por una respuesta institucional propia, sin limitarse al reclamo público y con el objetivo de resguardar los intereses territoriales, ambientales y productivos de la provincia.
Passalacqua activó la defensa judicial de Misiones
El Decreto 1935 facultó al fiscal de Estado, Eduardo Duarte, a promover las acciones y defensas que considere técnicamente adecuadas para proteger los derechos e intereses de Misiones frente a la derogación de la Ley 26.737.
La decisión provincial se produjo luego de que, el 29 de septiembre, la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. En aquel expediente, iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el máximo tribunal consideró que la organización no contaba con legitimación suficiente para impulsar la demanda.
Ese pronunciamiento no resolvió la constitucionalidad de fondo de la derogación, pero dejó sin efecto la sentencia que impedía aplicar el artículo cuestionado. Frente a ese escenario, Misiones decidió activar sus propios mecanismos de defensa institucional para sostener su posición ante la Justicia.
El nuevo fallo de la Corte introdujo otro elemento en la controversia. A través de una medida cautelar interina, el máximo tribunal suspendió los efectos del artículo 154 hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie.
La resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación ni es consecuencia acreditada de la presentación impulsada por el Gobierno misionero. Se trata de una causa diferente que, sin embargo, vuelve a limitar provisoriamente los efectos de la desregulación y confirma que la discusión judicial continúa abierta.
En ese escenario, el antecedente de Misiones adquiere relevancia por la rapidez con la que la Provincia decidió avanzar con una estrategia propia, a partir de una decisión política que se tradujo en una instrucción concreta a la Fiscalía de Estado.
Por qué la Ley de Tierras es clave para Misiones
La posición del Gobierno provincial se apoya en las características territoriales de Misiones. Más del 90% de sus límites corresponden a fronteras internacionales, una condición que refuerza la importancia estratégica de la tierra, los recursos naturales y la capacidad de control sobre el territorio.
A esa particularidad se suman la biodiversidad de la provincia y una estructura productiva en la que los pequeños productores tienen un papel central. Para la gestión misionera, la discusión sobre la Ley de Tierras Rurales excede el mercado inmobiliario y comprende también la preservación ambiental, el desarrollo económico y la protección de los intereses provinciales.
Sancionada en 2011, la Ley 26.737 establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo general del 15% de la superficie rural a escala nacional, provincial y departamental. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen y abrió una disputa judicial que todavía no tiene una resolución definitiva.
Con el Decreto 1935, Misiones dispuso avanzar por una vía institucional propia para cuestionar las consecuencias de esa derogación. Mientras la Justicia analiza los planteos presentados en distintos expedientes, la decisión de Passalacqua dejó expresada la postura provincial: defender el territorio y los recursos naturales mediante las herramientas legales disponibles.
