Matías Morla, el exabogado de Diego Maradona, irá a juicio oral y público junto a Maximiliano Pomargo, su cuñado, y dos hermanas del exfutbolista. La causa investiga una presunta defraudación hacia las hijas del Diez. La decisión estuvo a cargo del Tribunal Oral N°1, este organismo judicial rechazó una propuesta económica presentada por la defensa para la suspensión del debate oral.
Morla ofreció una probation con el pago de US$100.000, equivalentes a unos $150 millones, para el cierre del conflicto, esta propuesta llegó a través de sus abogados Rafael Cúneo Libarona y su equipo. Sin embargo, la justicia no aceptó la propuesta económica y de esta manera, los acusados deberán afrontar el debate oral ante el tribunal.

La causa contempla la disputa por las marcas de Maradona y los derechos comerciales asociados a su nombre. Este patrimonio forma parte de los bienes en conflicto tras la muerte del exfutbolista.
Las marcas del astro y la disputa por la herencia
Pomargo y las dos hermanas de Diego figuran junto con Morla en la administración de esas marcas. Las hijas del Diez cuestionan el manejo de esos derechos y sostienen la apropiación de parte de la herencia correspondiente a su familia.
El conflicto económico se suma a los otros capítulos judiciales posteriores a la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La marca vinculada con su nombre tiene un importante valor comercial por los contratos derivados de su explotación.
De acuerdo con la información del periodista de TN Sergio Farella, la oferta económica de Morla no alcanzó para el cierre de la disputa. Para las hijas de Maradona, el pago propuesto no resolvía el conflicto de fondo por los derechos comerciales del astro.
El caso también colocó al exabogado en el centro de la discusión durante el juicio por la muerte de Diego, donde algunas querellas plantearon la investigación sobre responsabilidades de Morla y otras personas en su fallecimiento. Sin embargo, se trata de investigaciones diferentes: este juicio a Morla, Pomargo y las hermanas comprende solo la disputa económica por las marcas, sin vinculación con las circunstancias de la muerte.

