La presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, afirmó que las modificaciones planteadas por el Gobierno nacional sobre el sistema de prestaciones representan “un nuevo avasallamiento de los derechos de las personas con discapacidad”. La funcionaria se refirió a lo ocurrido durante la reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expuso la situación que atraviesa Misiones.
Antúnez fue invitada por los diputados nacionales por Misiones Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz. Durante el encuentro, prestadores, familiares y personas con discapacidad también expusieron las dificultades que atraviesa el sector. Según relató, los testimonios estuvieron marcados por la preocupación ante la falta de pagos, las dificultades para acceder a medicamentos y el endeudamiento de quienes sostienen las prestaciones.
En una entrevista con LT17 Radio Provincia de Misiones, la funcionaria repasó lo ocurrido durante la jornada y cuestionó que las modificaciones vinculadas con discapacidad hayan sido incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 sin una discusión previa con las instituciones del sector.
“Nosotros fuimos a debatir y a pedir la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad. Cuando me levanté y prendí el teléfono, lo primero que vi fue la modificación de esta ley de presupuesto que no fue debatida ni consensuada con ninguna institución, ni con el Consejo Federal de Discapacidad ni con las personas con discapacidad”, señaló.
Antúnez sostuvo que los cambios alcanzan aspectos centrales del sistema de prestaciones. En ese sentido, explicó que la normativa vigente establece fondos para determinadas prestaciones y pensiones, además de un esquema uniforme de valores para los servicios contemplados en el nomenclador nacional.
“Querer quitar todos estos derechos realmente es un nuevo embate, un nuevo avasallamiento de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
El impacto sobre las familias y los prestadores
Durante la reunión en Diputados, uno de los principales reclamos estuvo relacionado con las demoras en los pagos a los prestadores. Antúnez relató que algunos de ellos debieron recurrir a préstamos para poder mantener los salarios y honorarios de los profesionales que trabajan en sus instituciones.
“Nos decían: tuvimos que sacar préstamos para pagar a los profesionales con los que trabajamos. Cinco meses sacamos préstamos para poder pagarles y hoy estamos sobreendeudados”, contó.
También mencionó el testimonio de una institución de Buenos Aires que trabaja con personas en situación de extrema vulnerabilidad. Según explicó, durante la exposición uno de sus representantes planteó que el lugar se convirtió en el único ámbito de contención para personas que quedaron sin familia o en situación de calle.
“Nosotros somos lo único que ellos tienen. Somos su familia, somos sus cuidadores”, recordó Antúnez que expresó uno de los representantes.
A partir de esa situación, planteó una de las principales preguntas que dejó la jornada: “¿A dónde van a ir a parar todas estas personas si el Estado decide desfinanciar todo este sistema?”.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad también advirtió que una modificación del nomenclador nacional tendría consecuencias sobre toda la cadena de prestaciones. Entre los trabajadores alcanzados mencionó a profesores de educación especial, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos y fonoaudiólogos, entre otros.
Según explicó, el sistema actual establece un piso común de prestaciones y valores a nivel nacional. Por eso, consideró que una modificación podría generar diferencias entre quienes puedan acceder a coberturas de mayor costo y quienes no tengan esa posibilidad.
El impacto de las medidas nacionales en Misiones
Antúnez puso el foco además en el esfuerzo que realiza la provincia para sostener prestaciones que requieren financiamiento nacional. Como ejemplo, mencionó el caso de las diálisis.
Según detalló, Nación aporta unos $50 millones mensuales para cubrir un costo que ronda los $200 millones. De esta manera, el sistema de salud pública provincial debe afrontar los $150 millones restantes.
“La provincia de Misiones, con la caja provincial, sostiene los 150 millones restantes”, señaló.
En ese marco, insistió en que las provincias no pueden asumir por sí solas el costo de todo el sistema de discapacidad. Recordó además que el Estado nacional tiene obligaciones vinculadas con la legislación nacional y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“No podemos sostener solas este sistema porque es muy grande. Es una población que necesita muchas garantías en términos de salud, de educación, de transporte. Hay un montón de derechos que tienen que ser garantizados y se necesita el trabajo conjunto con la Nación”, afirmó.
En Misiones, indicó que unas 36 mil personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad, mientras que más de 48 mil están afiliadas al programa Incluir Salud. Antúnez señaló que esa población recibe el impacto directo de cualquier modificación sobre el sistema de prestaciones.
A esto se suma el universo de profesionales e instituciones que trabajan en el área. Por eso, sostuvo que las consecuencias también serían indirectas para quienes dependen de esas prestaciones como fuente de trabajo.
Finalmente, Antúnez pidió separar la discusión general del Presupuesto 2027 de los artículos vinculados específicamente con discapacidad.
“Se puede hablar de la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional respecto a las políticas económicas. Creo que hay muchas cosas para debatir dentro de ese presupuesto. Ahora, no se puede poner en juego estos artículos de discapacidad”, sostuvo.
“Todo lo que están planteando va en contra de las personas con discapacidad”, sentenció la funcionaria.
