Detrás del debate político sobre el nuevo proyecto de ley de Discapacidad del Gobierno nacional se esconden cifras concretas que definen la vida cotidiana de miles de familias argentinas. Cuando los especialistas advierten sobre el riesgo de perder prestaciones por discapacidad, no hablan en abstracto: hablan de montos que ninguna familia de ingresos medios puede afrontar de manera privada y sostenida en el tiempo.
Marcela Krizkovich, referente nacional de discapacidad con tres décadas de trayectoria, enumeró durante la jornada de protesta de este miércoles los valores actuales de los principales tratamientos sin cobertura. Los números son contundentes y permiten dimensionar lo que está en juego con la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Los medicamentos específicos para personas con discapacidad tienen hoy un costo de entre 700 y 800 mil pesos mensuales. El módulo de maestra integradora, una figura clave para la inclusión educativa, asciende a 434.421,88 pesos. Y cuando se suman los distintos tratamientos interdisciplinarios que muchas personas requieren, el costo total para una familia puede superar el millón y medio de pesos por mes.
“¿Qué padre puede pagar eso?”
La pregunta de Krizkovich no es retórica. Es el núcleo del argumento que el sector lleva al debate legislativo. “¿Qué padre puede pagar eso? Las obras sociales ya no aceptan a personas con discapacidad porque las consideran un gasto”, denunció la especialista. La afirmación describe un sistema que, antes del nuevo proyecto, ya presenta fracturas profundas.
El cuadro se agrava porque el sistema no solo enfrenta la amenaza del nuevo proyecto. Según denunciaron las organizaciones durante la marcha, hay aranceles atrasados, pagos irregulares y deudas acumuladas con los prestadores que ponen en riesgo la continuidad de las atenciones incluso bajo el marco legal vigente.
El Foro Permanente Discapacidad señaló que, en ese contexto, la discusión sobre la reforma es una distracción respecto de los problemas reales. “Mientras se pone en discusión el acceso a derechos, el sistema enfrenta atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo”, indicaron desde el Foro en su comunicado de la jornada.
Para las organizaciones, garantizar la actualización de los aranceles y la cancelación de las deudas con los prestadores es tan urgente como frenar el proyecto oficial. Sin esas dos medidas, advierten, el sistema continuará deteriorándose independientemente de lo que resuelva el Congreso.
Las cifras que Krizkovich enumeró no son proyecciones ni estimaciones teóricas. Son los precios de mercado que una familia debe enfrentar si su cobertura es discontinuada o reducida. En ese sentido, el sector sostiene que el debate sobre el fraude es secundario frente a la urgencia de sostener un sistema que ya hoy deja a muchas personas sin atención.
Qué plantea la nueva Ley de Discapacidad impulsada por el Gobierno nacional
El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática. La norma contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio“.
Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma “preventiva”. A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.
El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
En cuanto a los montos, ata su evolución al haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores. Con la ley todavía vigente, la actualización estaba atada al IPC y se realizaba de forma mensual.
De forma regresiva, el proyecto establece la “incompatibilidad absoluta” de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.
Además, el texto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
