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Written by 11:30 am aaa Módulo B, Agro y Producción

El Gobierno provincial advierte que si se aplica la nueva resolución nacional “quedaría muy poco del Inym”

El representante de Misiones en el Inym, Denis Bochert, alertó sobre el impacto del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional.

El director suplente por el Gobierno de Misiones en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Denis Bochert, alertó sobre el impacto que tendría la aplicación del proyecto de resolución enviado por el Ejecutivo nacional para reestructurar la entidad. Según el directivo, de avanzar la medida, “quedaría muy poco” del organismo yerbatero.

La iniciativa oficial, denominada “Propuesta de reordenamiento normativo”, contempla traspasar las funciones de fiscalización al Senasa, eliminar la base de datos de control del sector, anular los programas de apoyo a la producción y concentrar el poder de decisión en el presidente de la entidad, Rodrigo Correa, reduciendo la injerencia del Directorio. El texto será evaluado este miércoles a las 8:30 en la Subcomisión de Fiscalización antes de su eventual debate en el Directorio.

Cambios estructurales y quita de controles

En declaraciones a RadioUp 95.5, Bochert desmintió que se trate de una mera actualización técnica: “La semana pasada lo calificaron como un proyecto de modernización reglamentaria, pero lo que realmente buscan derogar representa un cambio estructural importantísimo”.

Entre los puntos más críticos, el representante misionero señaló que la propuesta elimina los registros propios del Inym (productores, secaderos y molinos) para unificarlos en un registro único del Senasa, y todo lo que sea control de calidad de la materia prima, previendo que sea el Senasa, en acuerdo con las provincias, la responsable del control en góndola.

“Si prospera, habría que hacer un acuerdo provincia por provincia, y años atrás el Senasa no contaba con los recursos para cubrirlo. Lo veo como una liberación de los controles de calidad que afectará tanto al consumidor como a la cadena productiva”, advirtió Bochert. Agregó además que la norma quita los controles del Inym sobre la yerba mate importada (tanto canchada como molida), abriendo “vía libre al ingreso de materia prima de otros países”.

La nueva resolución, detalló, “implica que los secaderos se tengan que inscribir en el Registro Nacional de Establecimientos; hay algunos de empresas grandes que están inscriptos, pero hay muchas barreras para hacer ese trámite”, y “revisa todos los programas de asistencia”. En esto, advirtió, “hay que ser muy cuidadoso porque en este contexto de desregulación donde tanto se habla de mejorar la competitividad, quitarle a los productores el acceso a los programas es muy complejo, o sea los estamos perjudicando más todavía”.

Concentración de decisiones y rechazo del sector

El proyecto también suprime la capacidad fiscalizadora del Inym y otorga amplias facultades de ejecución a la Presidencia del organismo. “Otorga superpoderes al presidente para implementar todo esto. ¿Para qué estamos como directores si la cadena yerbatera es la que tiene que decidir?”, cuestionó el dirigente cooperativo.

Pese a presentarse inicialmente como un trámite acotado, Bochert reveló que el documento contiene solo tres artículos formales, pero incluye un anexo con 103 artículos y la derogación de 21 resoluciones.

“No es un proyecto corto de unificación de registros, es un cambio de gran escala. Cada uno de los sectores que componen el Inym (trabajadores rurales, productores, cooperativas, secaderos, molinos y las provincias de Misiones y Corrientes) debe evaluar si lo acepta, lo modifica o lo rechaza. La Nación es solo una de las 12 partes sentadas en la mesa”, remarcó.

El único punto de acuerdo y el riesgo sobre el empleo

Como único aspecto favorable, Bochert rescató la digitalización de la estampilla yerbatera: “Implicaría una modernización que mejora la trazabilidad y reduce costos; en eso podemos estar de acuerdo todos los sectores, pero el resto del texto amerita una discusión extensa y profunda”.

Finalmente, el representante advirtió sobre el impacto directo en la estructura operativa del instituto: “Si esto se lleva a la práctica, implicará un recorte de recursos humanos. Sin fiscalización ni programas técnicos, solo quedaría el área de Promoción, inspecciones muy puntuales y la administración del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Quedaría muy poco”.

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