La crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank sumó este sábado un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de Paraguay imputó formalmente al expresidente Santiago Peña y solicitó que permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La acusación atribuye al exmandatario los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la causa que analiza posibles irregularidades vinculadas con la entidad financiera cuyo colapso derivó en una fuerte crisis institucional en el vecino país.
La misma medida alcanzó al extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien además fue imputado por el presunto delito de producción de documentos públicos de contenido falso.
La presentación fue realizada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de que ambos comparecieran ante el Ministerio Público. Durante las diligencias, tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar.
También pidieron la inhibición de bienes
Además de la imputación y del pedido de prisión preventiva, la Fiscalía solicitó medidas de inhibición sobre los bienes de los dos exfuncionarios. No obstante, la decisión final sobre las medidas cautelares quedará en manos de la Justicia paraguaya.
La fiscal adjunta Nancy Salomón señaló que la investigación continúa abierta y que el equipo a cargo seguirá incorporando elementos para determinar eventuales responsabilidades penales.
Una causa que profundizó la crisis política en Paraguay
El avance judicial se produjo apenas un día después de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político aprobado por el Congreso paraguayo, en medio del escándalo generado por el derrumbe de Ueno Bank.
Tras la salida de Peña, asumió la Presidencia de Paraguay el entonces vicepresidente Pedro Alliana, quien completará el mandato previsto hasta 2028.
La imputación constituye un nuevo paso procesal dentro de la investigación, aunque no implica una condena ni significa que el pedido de prisión preventiva haya sido concedido. La resolución sobre esas medidas quedará ahora bajo análisis de los tribunales competentes.
