El Gobierno nacional presentó ante los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) un proyecto de resolución para reestructurar el organismo. La propuesta contempla traspasar las funciones de fiscalización al Senasa, eliminar la base de datos de control del sector, anular programas de apoyo a la producción y concentrar el poder de decisión en el presidente de la entidad, Rodrigo Correa, en detrimento del Directorio.
Denominada “Propuesta de reordenamiento normativo”, la iniciativa fue entregada personalmente la semana pasada por representantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger; integrantes del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. El texto será evaluado este miércoles a las 8:30 en la Subcomisión de Fiscalización y, de avanzar, pasará al Directorio para su posterior tratamiento.
Desde el Gobierno de la provincia de Misiones, a través de su representante, Denis Bochert (director suplente), se manifestó preocupación por el alcance de la iniciativa y se advirtió que dada su magnitud, amerita un estudio y debate extendido en el tiempo .
La propuesta
Salvo el área de Promoción, el proyecto busca modificar integralmente la estructura institucional del Inym. Para ello, deroga 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023 durante los 23 años de plena vigencia del instituto, período previo al DNU 70/23 de Javier Milei que ya le había quitado la facultad de fijar precios de la materia prima, entre otros recortes.
Entre sus puntos centrales, faculta al Presidente del Inym a negociar, redactar y firmar convenios, acuerdos e instrumentos operativos sin requerir la aprobación previa del Directorio. Esto marca un giro radical respecto del esquema actual, donde las decisiones ejecutivas exigen el consenso de los representantes de cada eslabón de la cadena yerbatera.
Asimismo, la iniciativa contempla reformas al Convenio de Corresponsabilidad Gremial, la Tasa de Inspección y Fiscalización, el régimen sancionatorio y los programas de asistencia. Sobre este último punto, establece que ningún plan podrá interferir en la libre oferta y demanda ni distorsionar precios. Esta cláusula pone en riesgo la continuidad del Programa de Asistencia Técnica y de entrega de herramientas, insumos clave con los que tareferos y productores incorporaron tecnología (guinches, equipamiento de secaderos) y mejoras agronómicas (manejo de suelo y agua).
En total, la propuesta oficial consta de 31 páginas y 103 artículos que alcanzan a casi toda la estructura del organismo, afectando seriamente un sistema de registro y datos construido a lo largo de más de 23 años.
