El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos con operaciones en las Islas Malvinas. La administración británica calificó las medidas locales como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Asimismo, la postura de Londres ratificó el respaldo a las compañías con actividades en el archipiélago. La cobertura oficial abarca de forma prioritaria al sector de los hidrocarburos.
La respuesta llegó a través de un comunicado difundido este jueves por Uma Kumaran. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar se expresó en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
En el texto oficial, Londres sostuvo que las Malvinas “son británicas”. Además, la funcionaria reafirmó que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”.
La postura británica ante las medidas económicas
El comunicado británico respondió al avance reciente de la Argentina contra firmas proveedoras de bienes y servicios a las islas. Las acciones locales alcanzaron a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos de forma directa e indirecta.
Frente a esa situación, el Gobierno de Andy Burnham aseguró el apoyo total para las compañías alcanzadas por las medidas. La red diplomática británica mantendrá una cobertura activa hacia los afectados.
“El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo”, señaló Kumaran.
La funcionaria recordó la existencia de antecedentes similares en la relación con distintos gobiernos argentinos. Pese a esas acciones previas, la representante afirmó que “la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando”.
Cuestionamientos al uso de mecanismos internacionales
En otro de los tramos del comunicado, el Reino Unido cuestionó el uso de mecanismos internacionales contra los comercios con el archipiélago. La diplomacia británica desconoció la validez de los reclamos promovidos ante esos foros. “El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Malvinas es ilegítimo”, sostuvo el Gobierno británico.
Londres insistió en que las acusaciones promovidas contra empresas e individuos “son inaceptables y no tienen justificación legal”. En esa línea, el Reino Unido mantendrá el trabajo con las autoridades insulares para la atracción de inversiones.
El conflicto petrolero y las diferencias en el derecho internacional
El pronunciamiento británico llegó tras las acciones argentinas contra la exploración petrolera. La administración de Javier Milei impulsó un proyecto de ley para endurecer sanciones y presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por las tareas en el yacimiento Sea Lion.
Ese proyecto offshore cuenta con la participación de Navitas como accionista mayoritaria y el aporte de la británica Rockhopper. Ambas firmas fundamentan su labor en licencias otorgadas por el gobierno insular con respaldo británico.
Por su parte, la Argentina sostiene que la explotación petrolera contradice la resolución de la ONU que prohíbe medidas unilaterales durante la disputa de soberanía. En contraposición, el Reino Unido invoca el principio de autodeterminación para la administración de los recursos, un criterio rechazado por Buenos Aires debido a la ocupación colonial iniciada en 1833.
