La Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú desestimó las denuncias por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina, junto a su familia, al concluir que no existió delito. El fiscal federal subrogante Aníbal Martínez tomó la decisión luego de analizar los informes oficiales sobre su situación judicial y los movimientos migratorios en la frontera misionera.
El caso comenzó con dos denuncias que la fiscalía recibió el 28 de octubre. Las presentaciones señalaban un supuesto ingreso ilegal al país, una posible evasión de los controles migratorios y aduaneros en Puerto Iguazú y una eventual violación de medidas cautelares dictadas en el extranjero.
En el marco de la investigación, Interpol informó que no registraba restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro al momento de emitir su respuesta. Ese reporte formó parte de los elementos que evaluó la fiscalía para determinar si existían fundamentos para continuar con las actuaciones.
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre de 2026, a las 22.37, por el puente internacional Tancredo Neves. Ese mismo día, a las 23.52, salió desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú en un vuelo particular con destino a Ecuador.
A partir de esos datos, Martínez sostuvo que el dirigente brasileño “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”. La fiscalía también concluyó que no comprobó irregularidades en el procedimiento migratorio ni en la actuación del personal encargado de los controles.
Con ese criterio, el fiscal consideró innecesario avanzar con otras medidas solicitadas en las denuncias, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros y comunicaciones vinculadas con la aeronave de matrícula LV-JQW. También descartó requerir documentación relacionada con empresas privadas, al entender que los elementos iniciales resultaban suficientes para descartar la hipótesis delictiva en esa jurisdicción.
Finalmente, Martínez dispuso el archivo de las actuaciones en Puerto Iguazú. Sin embargo, la fiscalía remitirá una copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires, donde tramita una causa relacionada con denuncias de similar objeto.
