En un fallo unánime, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia habilitaron a la asociación civil Integridad Republicana como querellante en la histórica causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con el vaciamiento y la posterior expropiación de YPF. La decisión revierte lo resuelto por el magistrado Ariel Lijo, quien en noviembre pasado había rechazado esa participación.
Los camaristas señalaron que los hechos bajo análisis “podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general”. En esta línea, remarcaron que la defensa de esos intereses se encuentra dentro del objeto estatutario de la organización. La ONG había objetado el rechazo inicial al sostener que el caso involucra intereses colectivos cuya protección justifica su intervención. Además, cuestionó que la resolución de Lijo carecía de fundamentos suficientes y alegó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, la entidad también planteó que el magistrado omitió pronunciarse sobre la supuesta renuncia de la jurisdicción argentina a favor de tribunales comerciales de Nueva York y Madrid. Según la organización, ese aspecto incidía directamente en la investigación. La Cámara descartó esos agravios y consideró que Lijo había expuesto razones de hecho y de derecho que sustentaban su decisión. Asimismo, aclaró que, más allá de su acierto o error, la resolución cumplía con las exigencias legales de motivación.
El tribunal de alzada también confirmó el rechazo al pedido de apartamiento de Lijo. Entendió que el planteo se había formulado antes de que la asociación fuera reconocida como parte del proceso y, por lo tanto, carecía de legitimación. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el reclamo pueda volver a plantearse más adelante “si se configuran las circunstancias procesales que lo justifiquen”.
Orígenes de la causa YPF
La causa se inició por la denuncia de las entonces diputadas Elisa Carrió y Fabiana Ríos. En esa presentación se solicitó investigar presuntas maniobras de vaciamiento de Repsol YPF, posibles delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude. También se apuntó a la eventual responsabilidad de funcionarios públicos por la falta de controles estatales sobre la actividad de la compañía.
La investigación abarca además la presunta falta de controles estatales sobre la información técnica suministrada por las empresas petroleras. Ese déficit habría permitido manipular datos sobre reservas de hidrocarburos y ocasionado pérdidas para el país.
En 2012 el Congreso aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. Esa decisión derivó en un litigio internacional que terminó con una condena contra el Estado argentino en primera instancia en Estados Unidos.
Durante varios años, el expediente tuvo escasos movimientos. En este sentido, recién en 2024 la Cámara Federal reactivó la investigación con resoluciones destinadas a ampliar la participación de terceros con interés legítimo. En ese marco fue admitida como primera querellante la ONG Contadores Forenses y, ahora, con la incorporación de Integridad Republicana, la causa cuenta con dos organizaciones civiles habilitadas para impulsar la investigación, ofrecer medidas de prueba, recurrir decisiones judiciales y controlar el desarrollo del proceso.
