El Ministerio Público Fiscal ordenó el cese cautelar de fumigaciones con agroquímicos en las inmediaciones del Barrio Universitario de Horizonte III, en la ciudad de Córdoba. La decisión se tomó en el marco de una investigación penal que evaluó denuncias de vecinos sobre posibles riesgos ambientales. Según comunicaron desde el MPF, la medida “busca prevenir posibles afectaciones al ambiente y a la salud de los vecinos mientras se esclarecen los hechos”.
El fiscal de Instrucción de Distrito II Turno 3, Luis Micheli, dispuso esta medida después de analizar los reportes relacionados con el uso de agroquímicos en campos linderos al barrio. El MPF explicó que la intervención se centró en “un posible riesgo ambiental derivado de fumigaciones con agroquímicos”, lo que motivó la acción inmediata para evitar consecuencias mayores durante el avance de la causa.
Los riesgos del uso de agroquímicos en Barrio Universitario
Por esta razón, se ordenó “el cese de toda fumigación con cualquier tipo de agroquímicos en una franja comprendida entre la línea de edificación del barrio y quinientos metros al interior del campo”. Esa delimitación buscó reducir la exposición directa de la comunidad a los productos, mientras se reunía la información necesaria para determinar responsabilidades. Las autoridades aclararon que la medida tiene carácter cautelar y precautorio, y que su objetivo fue evitar que un posible daño se agravara antes de que concluya la investigación penal.
El MPF fundamentó la resolución en el principio precautorio y en la normativa ambiental vigente a nivel nacional y provincial. También se respaldó en las facultades que otorga el artículo 302 del Código Procesal Penal de Córdoba, que permite adoptar medidas urgentes para proteger bienes jurídicos ante posibles riesgos. A su vez, la Fiscalía confirmó que continuará con las actuaciones destinadas a determinar si existió una aplicación irregular de agroquímicos en los predios señalados por las denuncias.
Las medidas de seguimiento
Para garantizar el cumplimiento del cese de fumigaciones, se dispuso que el Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia y la Policía Ambiental asuman el control y la fiscalización dentro de sus competencias. Ambas instituciones deberán verificar que no se reanuden las prácticas en la zona delimitada y reportar cualquier infracción.
La investigación cuenta con la participación de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal de la Fiscalía General Adjunta. El equipo, a cargo de Alejandro Pérez Moreno, aportó elementos técnicos y jurídicos desde el inicio de las actuaciones. Ese acompañamiento se orientó a fortalecer la mirada especializada en un expediente que combina cuestiones ambientales, sanitarias y penales.
Mientras la causa avanza, los vecinos esperan que la medida preventiva aporte tranquilidad y evite nuevos episodios relacionados con la aplicación de agroquímicos cerca del barrio. La Fiscalía anticipó que continuará recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido y definir si corresponde imputar a los responsables de las actividades denunciadas.
