Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) encendió una fuerte alarma sobre el estado de las rutas nacionales y las consecuencias que, según la organización, está teniendo el desfinanciamiento de Vialidad Nacional. El informe registró 29 personas fallecidas y más de 20 heridas en 22 siniestros graves ocurridos entre junio y julio de 2026 sobre corredores nacionales con distintos problemas de infraestructura.
El dato más alarmante es que 23 de las víctimas murieron entre el 1 y el 16 de julio, en medio de un fuerte recorte presupuestario y una caída de la dotación de trabajadores de Vialidad Nacional. El relevamiento cruzó los siniestros con información técnica sobre el estado de los corredores y detectó baches profundos, ahuellamientos, banquinas descalzadas, iluminación deficiente, alcantarillas colapsadas, falta de señalización y ausencia de tratamiento invernal.
Los hechos analizados ocurrieron sobre las Rutas Nacionales 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 35, 38, 40, 188 y 226. La organización advierte que el deterioro de la infraestructura no explica por sí solo cada tragedia, pero sí puede agravar las consecuencias de un error al volante.
Más de 20 personas heridas
El informe sostiene que una calzada deteriorada reduce de manera drástica el margen de maniobra de los conductores. “El estado del pavimento rara vez actúa como causa unívoca, sino como un amplificador y desencadenante de errores humanos”, señala el documento.
Entre los casos relevados aparecen dos hermanos de 19 y 22 años que murieron en un choque frontal sobre la Ruta Nacional 11, dos camioneros fallecidos en la Ruta Nacional 34, un padre y su hijo que perdieron la vida en la Ruta Nacional 5 y un niño de doce años que murió junto a otras dos personas en un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 7.
El informe también contabilizó más de 20 personas heridas en los 22 siniestros estudiados. Para Fepevina, la concentración temporal de las muertes constituye uno de los principales indicadores de la gravedad del escenario. En 17 tramos había información disponible sobre el denominado Índice de Estado de la Dirección Nacional de Vialidad. De ese conjunto, 11 sectores estaban calificados como malos.
Baches, deformaciones y maniobras al límite
Uno de los puntos señalados se encuentra sobre la Ruta Nacional 12, cerca de San Roque, Corrientes, donde el relevamiento detectó un ahuellamiento de 35 milímetros. Según el informe, las deformaciones superiores a 10 o 12 milímetros pueden favorecer la acumulación de agua sobre la calzada, aumentar el riesgo de hidroplaneo y dificultar el control de los vehículos.
En la Ruta Nacional 11, en tanto, se registraron deformaciones de hasta 21 milímetros, además de baches que obligarían a los conductores a realizar maniobras hacia la banquina.
A esos problemas se suman otros riesgos detectados en distintos corredores, entre ellos puentes angostos, cruces a nivel, ausencia de separadores físicos, calzadas únicas y deficiencias de iluminación. En ese contexto, la federación resume su diagnóstico con una frase contundente: “La infraestructura ya no cumple su función de mitigar el error humano, sino que lo potencia”.
Menos presupuesto, menos capacidad de respuesta
Fepevina vincula el deterioro de las rutas con el ajuste aplicado sobre Vialidad Nacional. Según los datos incluidos en el informe, al 31 de julio de 2026 el organismo tenía un presupuesto vigente de $776.756 millones, pero había devengado el 32,6% y pagado efectivamente el 29,8%, cuando ya había transcurrido el 58,3% del año.
Las obras también sufrieron un recorte. El crédito destinado a Bienes de Uso cayó de $394.246 millones a $296.294 millones, una reducción cercana a $98.000 millones. Sobre los 179 proyectos que inicialmente tenían fondos asignados, 112 quedaron con crédito vigente de cero pesos o apenas un peso. Es decir, el 63% de esas iniciativas prácticamente quedó sin presupuesto.
El problema presupuestario se combina con una reducción de la cantidad de trabajadores. En diciembre de 2023, Vialidad Nacional contaba con 5.540 empleados. Actualmente, quedan alrededor de 4.207 agentes, lo que representa una pérdida de 1.333 puestos de trabajo. Las bajas afectaron especialmente a perfiles técnicos necesarios para el funcionamiento del organismo, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos, maquinistas y personal especializado en conservación.
Una red cada vez más difícil de sostener
El informe calcula que entre enero y julio de 2026 el Estado recaudó $3,8 billones por el impuesto a los combustibles. Sin embargo, la ejecución efectiva destinada a obras viales mediante la fuente específica del SISVIAL alcanzó apenas $99.572 millones.
Eso equivale a que solamente 2,59 de cada 100 pesos recaudados en los surtidores llegaron efectivamente a las rutas nacionales. La diferencia con lo que debería haberse aplicado alcanza los $449.039 millones.
Finalmente, Fepevina responsabiliza políticamente al Gobierno nacional por las consecuencias del deterioro y sostiene que el Estado dispone de información suficiente para conocer tanto el estado de las rutas como los siniestros que ocurren sobre ellas. Además, eexige que Nación asuma “la responsabilidad institucional y política que corresponde por cada víctima de una red que el propio Estado dejó de conservar”.
