La emergencia agropecuaria en Neuquén fue declarada por el Gobierno nacional ante el impacto de la sequía sobre las principales actividades productivas del sector rural. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2123/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
La resolución establece que las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas quedarán comprendidas en el régimen especial desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. La medida excluye a los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.
La declaración de emergencia permite a los productores acceder a los beneficios fiscales y financieros previstos en la ley 26.509. Estas herramientas buscan mitigar las pérdidas ocasionadas por la falta de lluvias y la profundización de la crisis hídrica que afecta a la provincia.
La medida se adoptó luego de que el Gobierno neuquino presentara el decreto provincial 1303/2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, durante la reunión realizada el 20 de noviembre. El análisis técnico respaldó la necesidad de avanzar con el régimen de emergencia y desastre agropecuario.
Requisitos y beneficios para productores afectados
Según lo establecido en la resolución, los productores deberán presentar ante la autoridad competente de la provincia un certificado que acredite que sus explotaciones se encuentran dentro del área alcanzada por la emergencia o el desastre agropecuario. Este documento resulta indispensable para acceder a los beneficios contemplados en la normativa vigente.
Además, el Gobierno de la provincia del Neuquén deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con copia de los certificados emitidos.
Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, deberán garantizar el acceso a prórrogas en vencimientos crediticios, suspensión de ejecuciones y otras herramientas de alivio financiero.
