Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes la prisión domiciliaria que cumple la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Monserrat y solicitaron que se revoque la medida para que la condena se cumpla en una unidad carcelaria. En su presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, los fiscales insistieron en que “jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.
El pedido se enmarca en la condena por la causa conocida como “Vialidad”. Según trascendió, el dictamen presentado por la Fiscalía también planteó que, en caso de mantenerse la detención domiciliaria, la misma no debería continuar en la vivienda de la calle San José 1.111, debido a los problemas de seguridad y las complicaciones que su permanencia genera en la zona.
Implicancias del arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Luciani y Mola hicieron hincapié en que el Tribunal Oral Federal 2, que concedió la prisión domiciliaria, no evaluó informes clave del Ministerio de Seguridad de la Nación, los cuales ofrecían alternativas para que la ex presidenta cumpliera la condena bajo custodia de fuerzas federales, sin necesidad de aislamiento ni condiciones inhumanas. Además, señalaron que la edad de 72 años de Fernández de Kirchner no constituye una razón automática para la concesión del arresto domiciliario, sino que es una facultad del juez y no una obligación.
El fallo del TOF 2 había otorgado el beneficio alegando razones humanitarias y de seguridad, especialmente tras el intento de homicidio que sufrió la ex mandataria en 2022. No obstante, la Fiscalía rechazó esos argumentos y subrayó que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”.
Los fiscales también remarcaron que Cristina Kirchner recibió un trato diferenciado respecto a los otros ocho condenados en la misma causa, quienes sí se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para ser trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal. En cambio, a la ex presidenta se le concedió el beneficio sin ese trámite previo.
Otro de los puntos mencionados en la apelación es la afectación al entorno del edificio donde cumple arresto domiciliario. Se citaron informes de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que reportaron problemas en la recolección de residuos, el acceso de ambulancias, el mantenimiento de servicios, además de quejas vecinales por ruidos molestos y aglomeraciones. “Es necesario disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, sostuvieron los fiscales.
La próxima audiencia
La causa está ahora en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deberán resolver no solo este planteo, sino también otras apelaciones pendientes. Entre ellas, se encuentra el régimen de visitas impuesto por el TOF 2, que permite el ingreso sin autorización judicial a familiares, médicos, abogados y custodios, pero exige permiso para cualquier otra persona. Este punto será discutido en una audiencia programada para el 7 de julio a las 12.00. También está pendiente el tratamiento de la apelación contra el uso de tobillera electrónica.
Mientras tanto, la situación judicial de la ex mandataria continúa generando debate y quedará en manos de los jueces de Casación definir si Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir su condena en una unidad carcelaria o si se mantendrá bajo arresto domiciliario en condiciones diferentes.
