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Nación prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado y fijó excepciones con cupos estrictos

La suspensión alcanza todos los tipos de contratos y designaciones del sector público, desde plantas transitorias hasta locaciones de servicios. Las excepciones se limitan a áreas estratégicas, con un esquema de dos bajas por cada alta y validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado. La medida incluye universidades, fuerzas de seguridad y hospitales nacionales.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la suspensión de las contrataciones en el sector público, aunque habilitó excepciones puntuales para áreas consideradas estratégicas.

La medida quedó formalizada mediante el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial y se inscribe en la política de reducción del tamaño del Estado.

Alcance de la suspensión

Según el decreto, las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, sin importar la modalidad. La restricción alcanza:

  • Contrataciones financiadas con estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias
  • Plantas transitorias
  • Contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público
  • Contratos laborales
  • Locaciones de servicios profesionales
  • Designaciones transitorias en cargos permanentes

Excepciones limitadas a funciones estratégicas

El Ejecutivo habilitó incorporaciones en áreas consideradas clave o con regímenes especiales, entre ellas:

  • Cargos de gabinete y jefaturas ejecutivas (SINEP)
  • Universidades nacionales
  • Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad
  • Servicio Penitenciario Federal
  • Sistema Nacional de Manejo del Fuego
  • Cuerpo de Guardaparques Nacionales
  • Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación

Reglas de reemplazo y validación

El decreto fija además una condición central: por cada alta autorizada deberá acreditarse un esquema de dos bajas previas. En ese cómputo se incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos producidas a lo largo de 2026. Quedan excluidas, en cambio, las bajas derivadas de retiros voluntarios o acuerdos de desvinculación.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

Como control adicional, cada incorporación bajo el régimen de excepción requerirá la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que tendrá la última palabra sobre la viabilidad de cada caso.

Con esta decisión, el Gobierno ratifica su estrategia de congelamiento del empleo público, aunque preserva el funcionamiento de áreas sensibles, bajo un esquema de cupos limitados y control reforzado.

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