La Justicia federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno nacional abstenerse de ejecutar modificaciones administrativas sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La decisión se tomó en respuesta al Decreto 462/2025, firmado por la administración de Javier Milei, que proponía una reestructuración integral del organismo.
El fallo fue dictado por la jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, y establece que la medida tendrá vigencia por el plazo de seis meses. Según el documento judicial, se dispuso “una medida cautelar de no innovar” para “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
El Decreto 462/2025, publicado a comienzos de julio, planteaba la transformación del INTI de organismo descentralizado a una “unidad organizativa dependiente” de la Secretaría de Industria y Comercio. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había justificado el cambio en base a supuestas superposiciones administrativas y escasa articulación con el sector industrial.
Entre los puntos más polémicos del decreto, se encuentra la transferencia al Tesoro Nacional de los ingresos que el INTI obtiene por tasas, aranceles, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros. Además, se habilitaba al instituto a crear Centros de Investigación con apoyo técnico o financiero privado, aunque bajo supervisión estatal.
Con esta resolución judicial, quedan suspendidas temporalmente todas las acciones derivadas del decreto, mientras se espera una definición de fondo sobre la legalidad de la medida impulsada por el Ejecutivo.
