El juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzó en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con la expectativa de avanzar en la determinación de responsabilidades por la muerte de sus 44 tripulantes, ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
En el banquillo están cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, acusados de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El proceso se desarrollará de manera virtual y se extenderá durante varias semanas, con audiencias previstas hasta julio.
Serán juzgados el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el exjefe de Operaciones, Hugo Miguel Correa. El tribunal deberá analizar si hubo fallas operativas, de mantenimiento o de conducción que contribuyeran a la tragedia.
La sede del juicio fue motivo de debate judicial. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso debía realizarse en Río Gallegos, al considerar que el hecho ocurrió en alta mar y que no correspondía modificar la jurisdicción original.
El inicio del juicio se da en un contexto atravesado por otra causa vinculada al caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de exfuncionarios de la AFI en la investigación por presunto espionaje a familiares de las víctimas, al considerar que las tareas de inteligencia cuestionadas no constituyeron delito.
Los familiares de los 44 marinos han sostenido durante años su reclamo de verdad y justicia. El juicio que ahora comienza buscará, al menos en el plano judicial, establecer responsabilidades dentro de la cadena de mando naval por una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente argentina.
