El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar que ordena aplicar aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución establece un plazo de cinco días para avanzar con la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
La decisión surgió luego de que el magistrado considerara insuficiente la información presentada por el Ministerio de Capital Humano para acreditar el cumplimiento de la medida. Cormick ya había rechazado semanas atrás el pedido del Gobierno para levantar la cautelar y había solicitado documentación sobre el nivel de ejecución alcanzado.
El alcance de la medida judicial
La resolución mantiene el eje en los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con la actualización salarial del personal docente y no docente y con las becas. La cautelar continúa vigente luego de distintos planteos judiciales del Gobierno.
Cormick también advirtió que, si el Estado no cumple dentro del plazo establecido, podrá aplicar multas económicas por cada día de demora. La resolución señala que no existe un cumplimiento total de la medida cautelar y exige al Poder Ejecutivo avanzar con su ejecución.
El magistrado había dado previamente tres días al Estado para precisar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado. En esa instancia, el Gobierno había planteado que las medidas adoptadas permitían considerar cumplida la cautelar, pero el juez mantuvo su vigencia.
Con esta nueva intimación, el expediente vuelve a concentrar la discusión en la ejecución efectiva de la medida cautelar. El Gobierno deberá responder dentro del plazo fijado por el juzgado y acreditar las acciones adoptadas para cumplir con lo dispuesto.
