La Rioja es la única provincia argentina que permanece en default y acumula 720 días en cesación de pagos. Este martes volvió a comunicar que no abonará los intereses de su deuda, en un contexto de fallos adversos en tribunales de Estados Unidos. El distrito, gobernado por Ricardo Quintela, no cumple con sus compromisos internacionales.
La administración provincial dejó de pagar en febrero de 2024 los servicios del llamado Bono Verde, emitido en 2017 por US$ 300 millones para financiar el Parque Eólico Arauco. No fue el primer incumplimiento, dado que en 2020 también cayó en default y logró reestructurar tras 400 días de negociación. En la actualidad, enfrenta demandas de bonistas en el exterior sin un acuerdo en curso.
La provincia vendió el parque eólico pero no canceló la deuda contraída para construirlo
El Parque Eólico Arauco fue construido y luego transferido a Pampa Energía. La provincia percibió fondos por esa operación, aunque los acreedores no cobraron los servicios pendientes. La deuda original financió ese activo, que fue enajenado sin que se aplicaran esos recursos a la cancelación del bono.
Mientras tanto, los intereses y penalidades continúan en aumento. El incumplimiento se mantiene pese a la existencia de sentencias adversas en el exterior. El pasivo crece en un escenario sin señales de normalización financiera.
Otras provincias del Norte Grande avanzan en la cancelación de sus compromisos
Jujuy, que emitió deuda para el Parque Solar Cauchari, ya amortizó el 67% y prevé saldarla en 2027. Salta habrá cancelado el 75% de su bono en 2026 y proyecta extinguirlo al año siguiente, además de aprobar inversiones mineras bajo el RIGI por miles de millones de dólares. Chaco proyecta haber repagado el 67% de su bono internacional hacia 2026, aun con deuda local.
En contraste, La Rioja no amortizó capital y permanece fuera de los mercados. Si no modifica su estrategia, la provincia podría llegar a 2027 con una deuda cercana a US$ 450 millones, equivalente al 150% del monto emitido originalmente por efecto de intereses y penalidades. El distrito se mantiene como el único caso de default provincial vigente en el país.
