A casi diez meses del cierre de la planta ceramista Ilva en Pilar, un grupo de ex trabajadores continúa acampando frente a la fábrica en reclamo del pago de salarios adeudados e indemnizaciones. La empresa comunicó el cierre a fines de agosto de 2025 mediante mensajes de WhatsApp y días después envió los telegramas de despido a sus 300 empleados.
La firma, perteneciente a las familias Zanon y Bocci, había operado durante tres décadas en la fabricación de porcelanatos y productos cerámicos. Sin embargo, desde el cierre de la planta cesó completamente su actividad y actualmente permanece bajo concurso de acreedores mientras los ex operarios esperan una resolución judicial.
Marcelo Barrionuevo, ex delegado de la fábrica y trabajador durante más de dos décadas, aseguró que cerca de 150 despedidos continúan participando del reclamo. Muchos de ellos no lograron reinsertarse laboralmente y sobreviven gracias a changas, asistencia social y la ayuda de organizaciones sindicales.
Condiciones precarias y una larga espera
Los manifestantes mantienen el acampe en tres estructuras improvisadas reforzadas con cartones, lonas y tarimas para enfrentar las bajas temperaturas. Además, organizan ollas populares para garantizar la alimentación de las familias afectadas, mientras reciben colaboración del municipio y de agrupaciones obreras.
Según denunciaron, varios trabajadores quedaron sin cobertura médica tras perder sus empleos, incluyendo personas con tratamientos complejos o familias con integrantes con discapacidad. También señalaron que algunos ex empleados debieron regresar a vivir con familiares luego de perder la posibilidad de sostener sus viviendas.
La situación se agravó aún más en mayo, cuando se conoció el suicidio de uno de los trabajadores despedidos, un hecho que impactó profundamente entre quienes continúan reclamando una solución.
Esperan una respuesta judicial
Los ex operarios cuestionan además que, meses después del cierre, la empresa habría iniciado búsquedas laborales para cubrir tareas similares a las que ellos realizaban. La situación fue denunciada ante las autoridades laborales bonaerenses mientras avanzaba el proceso concursal.
Barrionuevo sostuvo que gran parte de los despedidos acumulaba más de 20 años de antigüedad y que algunos se encontraban a pocos años de acceder a la jubilación. “Dejamos nuestra vida en la fábrica y hoy estamos fuera del sistema laboral”, señaló al describir el impacto social que generó el cierre.
Actualmente, la expectativa de los trabajadores está puesta en el expediente que tramita en el Juzgado Comercial N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí esperan que avance el concurso de acreedores y se definan mecanismos que permitan cobrar las indemnizaciones y las deudas salariales pendientes.
