El cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE, liderada por Javier Madanes Quintanilla, volvió a instalar en la agenda el debate sobre las consecuencias del nuevo esquema aperturista impulsado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. La decisión empresarial se da en un contexto en el que múltiples sectores productivos enfrentan un escenario de mayor competencia externa, caída del consumo y cambios estructurales en las reglas de juego.
Un informe reciente del think tank Fundar reveló que actualmente existen casi 22.000 empresas menos que en noviembre de 2023. Solo en el último mes con datos disponibles —noviembre de 2025— se registró la baja de 892 compañías. El relevamiento muestra una caída extendida: 14 de los 19 sectores económicos presentan descenso interanual y 15 retroceden desde el inicio de la actual gestión.
El único sector que exhibe crecimiento, tanto en porcentaje como en cantidad de empresas, es la construcción. En el extremo opuesto, Transporte y almacenamiento encabeza las mayores caídas en ambos indicadores. La tendencia alcanza tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes firmas industriales.
Muchas pymes no lograron sostenerse frente a la retracción de la demanda y la competencia de productos importados. Sin embargo, también cerraron o reconvirtieron operaciones empresas de mayor escala, como FATE o Whirlpool, que dejaron de producir localmente al considerar que el esquema vigente no resultaba rentable.
Reconfiguración productiva y adaptación empresarial
En varios casos, las dificultades venían gestándose con anterioridad, aunque el nuevo marco económico aceleró definiciones. Sectores como el textil, indumentaria, calzado, metalurgia, plástico, alimentos y línea blanca enfrentan despidos y recortes de estructura en un intento por reducir costos y ganar eficiencia. Otras compañías optaron directamente por cesar actividades.
Desde el Gobierno nacional sostienen que se trata de un proceso de transición hacia un modelo más abierto y competitivo. Argumentan que, si bien algunos rubros se verán afectados, otros deberán reconvertirse y adaptarse a nuevas condiciones de mercado. Además, destacan la llegada de inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente en minería y energía, como la anunciada inversión de USD 18.000 millones de la minera Vicuña en San Juan.
El economista Dante Sica, fundador de la consultora Abeceb y ex ministro de Producción, describió el momento como una transición entre modelos económicos que modifica la renta relativa entre sectores. Recordó que durante años la economía estuvo atravesada por restricciones a las importaciones, cepo cambiario, alta inflación y precios subsidiados, lo que generó señales distorsionadas y decisiones empresariales condicionadas.
Según su análisis, la estabilización macroeconómica y la normalización del comercio exterior producen transformaciones inevitables. En ese contexto, el desafío no pasa por la cantidad de empresas que cierran, sino por cuántas logran adaptarse a un mercado más competitivo y a un tamaño de demanda más acotado.
Como ejemplo, mencionó el sector de línea blanca: Whirlpool dejó de ensamblar lavarropas en el país y volvió a importar, mientras que Mabe se especializó en ciertos modelos y trae otros del exterior. También citó el caso de Codini, empresa cordobesa que exporta centrifugadores de ropa a Estados Unidos, como muestra de estrategias divergentes bajo un mismo marco regulatorio.
Un escenario a dos velocidades
Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, coincidió en que el principal objetivo oficial es la desaceleración inflacionaria, que efectivamente se ubica muy por debajo de los niveles de noviembre de 2023, aunque con repuntes recientes. Señaló que parte de la estrategia para lograrlo fue el desarme rápido de aranceles junto con una apreciación cambiaria.
En un contexto de caída del salario real y ajuste fiscal, describió un escenario de “dos velocidades”. Por un lado, sectores orientados al mercado interno y con alta demanda de mano de obra —como construcción, comercio e industria— se contrajeron. Por el otro, actividades vinculadas a la demanda externa y beneficiadas por incentivos impositivos, como minería y energía, mostraron crecimiento.
Sin embargo, advirtió que el balance general es negativo en términos de ingresos y empleo. Incluso en sectores considerados “ganadores” se registraron caídas en puestos de trabajo. Además, el impacto presenta fuertes diferencias territoriales: provincias mineras o petroleras sienten menos el efecto que grandes conglomerados urbanos dependientes de la industria y el comercio.
Cambio estructural y debate sobre la apertura
Desde otra perspectiva, Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria, analizó el proceso como parte de una transformación estructural más amplia. Consideró que sería esperable que la estructura productiva cambie frente a una estabilización macroeconómica y mayor apertura comercial, y que resultaría sorprendente que el entramado empresarial del esquema previo permaneciera intacto.
Definió el proceso como inevitable aunque costoso, y remarcó la necesidad de mitigar sus efectos sobre el empleo. También señaló que factores como el tipo de cambio real y la salida incompleta del cepo pueden condicionar la transición.
En el mediano plazo, sostuvo que una economía más integrada y menos regulada podría generar resultados positivos, siempre que la apertura no implique la eliminación inmediata y total de aranceles. Propuso esquemas de transición para sectores con mayores dificultades, aunque reconoció que en el pasado esos mecanismos se extendieron más allá de lo previsto.
Guido Zack, economista de Fundar, explicó que la caída en la cantidad de empresas debe analizarse junto a otros indicadores. Señaló que puede ocurrir que una gran inversión genere empleo mientras al mismo tiempo cierren numerosas pequeñas firmas, lo que arroja un saldo negativo en el número de compañías aunque no necesariamente en el nivel de actividad.
Indicó además que el fenómeno es generalizado y alcanza a casi todos los sectores y provincias, con excepciones puntuales como Neuquén por el desarrollo de Vaca Muerta. En su visión, el crecimiento en minería e hidrocarburos es un proceso que viene consolidándose desde distintos gobiernos y no compensa la destrucción de empresas observada en otros rubros.
El reordenamiento del entramado empresarial expone un proceso de transformación profundo y todavía abierto, con impactos desiguales según sector y región. La discusión ya no gira solo en torno a cuántas firmas desaparecen, sino a qué tipo de estructura productiva emergerá de esta transición y cuál será su capacidad real de generar trabajo y sostener el desarrollo en el largo plazo.
