Desde el jueves, los comercios ya no tendrán que identificar a sus clientes ni reportarlos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por operaciones en efectivo de hasta $10 millones. La medida forma parte de un paquete de cambios normativos impulsados por el Gobierno de Javier Milei para alentar la formalización de fondos no declarados.
Actualmente, los comercios deben registrar los datos de identidad de los consumidores cuando pagan más de $250.000 en efectivo o $400.000 con otros medios. Con la publicación de la Resolución General 5700/2025 en el Boletín Oficial, ARCA unificó ese umbral y lo elevó de manera considerable. La nueva normativa se inscribe en el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que busca reactivar capitales no formalizados.
La resolución oficial de ARCA sobre la nueva cifra permitida
Según la resolución, los comerciantes deberán consignar datos identificatorios del comprador solo si la transacción supera los $10 millones. Los datos requeridos son CUIT, CUIL, CDI o, en su defecto, DNI, pasaporte o cédula de identidad en el caso de personas extranjeras. En el mismo acto normativo, el organismo también modificó los topes de facturación simplificada para los pequeños contribuyentes.
Con estos cambios, los monotributistas adheridos al Régimen Simplificado podrán utilizar la herramienta “Facturador” para operaciones de hasta $500.000. Hasta ahora, ese límite era inferior, aunque la resolución no detalló el monto previo. En paralelo, ARCA estableció una restricción para los monotributistas sociales: no podrán emitir facturas simplificadas si la operación supera los $250.000, es decir, la mitad del nuevo tope general.
Además, la resolución reglamenta disposiciones incluidas en el Decreto 353. Ese decreto propuso “la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes”. También encomendó a ARCA revisar sus normativas para hacerlas más accesibles al contribuyente. Según el texto, el objetivo principal del Estado es “constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad”.
Cómo es la nueva dinámica para el sector comercial
El nuevo umbral de $10 millones no impide movimientos económicos por sumas elevadas. Sin embargo, marca el límite a partir del cual los comercios deben reportar los datos del cliente a ARCA. Cuando una operación supera ese valor, el sistema genera una alerta automática. En ese caso, el organismo puede requerir al contribuyente que justifique el origen de los fondos para verificar que provengan de actividades lícitas.
Debajo de ese umbral, los movimientos no despiertan alertas automáticas en el sistema de control fiscal. De todos modos, otras unidades pueden iniciar investigaciones si detectan situaciones sospechosas. Por ejemplo, la Unidad de Información Financiera (UIF) puede intervenir ante operaciones que configuren un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Una herramienta clave para estas investigaciones es el Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT). Este informe permite a la UIF acceder a información relevante para detectar irregularidades en el sistema financiero. En ese marco, las operaciones inusuales o que no se ajustan al perfil del contribuyente pueden generar nuevas medidas de fiscalización.
En paralelo, el Gobierno eliminó varios regímenes de información que resultaban engorrosos para el contribuyente. Entre ellos, suprimió la obligación de informar consumos personales con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales. También excluyó del régimen a operaciones como la compra-venta de vehículos, transferencias de inmuebles, pago de expensas y consumos elevados de servicios como agua, luz, gas o telefonía.
Estas decisiones forman parte de una política más amplia que busca “descomprimir el vínculo entre los ciudadanos y el Estado”, según definieron voceros oficiales. El Gobierno apuesta a que la baja en las obligaciones fiscales estimule la circulación de ahorros que actualmente se mantienen fuera del circuito formal.
