Con un nivel de informalidad laboral que alcanza al 43,2% de la población ocupada, el Gobierno nacional evalúa alternativas para reducir el trabajo no registrado, en el marco de la reforma laboral que planea enviar al Congreso en los próximos meses.
Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, entre las propuestas en análisis figura una simplificación del sistema de registración laboral, aunque descartaron la posibilidad de implementar un blanqueo retroactivo, es decir, una formalización sin costo para los empleadores.
De momento, no se detallaron los cambios específicos que se prevén incorporar. Sin embargo, desde el sector empresario señalan las principales trabas y los procedimientos que hoy consideran más ágiles.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacaron que actualmente el sistema de alta registral para empleadores es relativamente simple y puede realizarse de manera digital a través del portal de la ARCA, con solo ingresar datos básicos del trabajador, como el CUIL, la fecha de inicio de la relación laboral y la obra social. También se puede completar en el mismo momento el alta en la ART.
En mayo de 2024, ARCA redujo significativamente los datos requeridos para registrar a un empleado por primera vez. “Bastará con informar el CUIL y/o CUIT, el domicilio de la actividad, la modalidad de contratación y la fecha de inicio. El resto de los datos, como el salario o el puesto, podrán cargarse hasta la primera liquidación de haberes”, había informado el organismo.
De acuerdo con el borrador de la reforma, la registración “quedará determinada por los sistemas electrónicos que establezca la agencia de recaudación, siendo este el único requisito para que el alta se considere realizada”.
Reclamos del sector privado
Las empresas advierten sobre duplicaciones burocráticas y dobles registraciones exigidas en algunas jurisdicciones. Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la CAC, explicó que “en ciertos municipios o localidades piden una doble registración. Aunque el trabajador esté dado de alta correctamente, no figura en el registro local”. Por eso, desde el sector empleador propusieron incluir una leyenda que certifique la validez del alta nacional.
“En muchos casos, la burocracia aparece fuera del ámbito nacional, generando duplicaciones innecesarias con un único fin: recaudar mediante multas”, añadió Mancuso.
El referente también señaló que, en ocasiones, los sindicatos intervienen indebidamente en este proceso. Si bien tienen potestad para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, “algunos exigen registraciones que no corresponden, cuando su rol debería limitarse al control y no a imponer nuevas obligaciones”, advirtió.
Los otros ejes de la reforma laboral
Aunque el Gobierno mantiene un estricto hermetismo sobre el contenido final del proyecto, en las últimas semanas trascendieron algunos puntos centrales.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que se está diseñando un “plan de incremento salarial dinámico” para reconocer la productividad individual. “Queremos que los salarios generen un diferencial por mérito. Si todo es igual, se apunta hacia abajo”, afirmó. Agregó que se busca acordar con las cámaras empresariales que esos aumentos “no se trasladen a precios”.
Otra de las iniciativas en análisis es la creación del ‘banco de horas’, un mecanismo que permitiría a los empleadores reorganizar la carga horaria de forma flexible según la demanda productiva. De esta manera, las horas extras dejarían de considerarse opcionales y pasarían a integrarse en la jornada laboral habitual.
También se evalúa la posibilidad de establecer convenios colectivos por empresa, reemplazando el actual esquema nacional por rama de actividad. Según Cordero, el objetivo es que cada compañía pueda negociar beneficios adicionales directamente con el gremio correspondiente.
Además, el proyecto buscaría eliminar el régimen de “ultraactividad”, que mantiene vigentes los convenios colectivos aun después de su vencimiento hasta que se firme uno nuevo. Este punto genera fuerte rechazo sindical, ya que históricamente fue una herramienta de protección para los trabajadores.
Reclamos empresariales y resistencias gremiales
El empresariado plantea que uno de los principales problemas es el alto costo de los juicios laborales. En ese sentido, Mancuso propuso unificar los criterios de tasas de interés, que hoy varían según la jurisdicción, lo que —dijo— “dificulta prever los costos de una eventual indemnización”.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en tanto, plantearon la posibilidad de que los juicios laborales dejen de ser gratuitos y que se establezca una instancia previa y rápida para verificar la cobertura de ART. También sugieren que, cuando los reclamos no prosperen, se impongan costas al litigante para desalentar demandas infundadas.
Por su parte, varios gremios y dirigentes sindicales alertan que las reformas “no se están negociando” y que podrían recortar derechos laborales. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, sintetizó su postura en redes sociales: “La reforma laboral no mejora la situación de los informales, les quita derechos a los asalariados formales y debilita la acción sindical”.
La discusión continúa abierta, mientras el Gobierno busca equilibrar su objetivo de formalizar el empleo con la presión del empresariado por reducir costos y la resistencia de los sindicatos ante lo que consideran un retroceso en derechos laborales conquistados.
