La senadora nacional por Misiones Sonia Rojas Decut defendió en el plenario de las Comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación el modelo que la provincia ya desarrolló para ingresar a los mercados internacionales de carbono. Tras el debate de los proyectos presentados en la Cámara alta, las comisiones firmaron un dictamen unificado, que la legisladora acompañó con disidencia parcial para cuestionar requisitos que, según advirtió, podrían dejar fuera a los programas jurisdiccionales de las provincias.
La iniciativa que Rojas Decut presentó junto al senador Carlos Arce, ambos integrantes del bloque Movimiento por Misiones, quedó incorporada al texto que reúne además los proyectos de Flavia Royón y Jorge Milton Capitanich. Sin embargo, la senadora marcó una diferencia concreta con el dictamen de mayoría y pidió que la futura ley tome como punto de partida la experiencia misionera, en lugar de establecer condiciones que puedan volverla inviable.
“Queremos que esta ley avance. Valoramos el debate técnico de estas jornadas y no queremos dilatar su tratamiento: el país necesita reglas claras para el desarrollo de sus mercados de carbono cuanto antes. Por eso acompañamos el dictamen, pero lo hicimos en disidencia porque queremos dejar en claro que proponemos una alternativa”, sostuvo Rojas Decut.
Cambio climático y competitividad internacional
La posición de Misiones se apoya en un desarrollo concreto y no solamente en una propuesta legislativa. La provincia cuenta con un programa jurisdiccional REDD+ certificado internacionalmente por Verra bajo el estándar JNR, que abarca más de 1,6 millones de hectáreas y generó más de 13 millones de toneladas de créditos de carbono certificados.
El programa también recibió una evaluación independiente de Sylvera, que le otorgó un rating A-AA y lo ubicó entre los programas con mayor integridad y menor riesgo en aspectos vinculados con adicionalidad, permanencia y derechos de carbono. Además, la evaluación reconoció sus cobeneficios sociales y ambientales.
Para Rojas Decut, esos antecedentes deberían ocupar un lugar central en la discusión nacional. En los fundamentos de su disidencia, sostuvo que la experiencia misionera no debe convertirse en una excepción que la legislación restrinja, sino en un activo estratégico para la Argentina que pueda protegerse y replicarse en otras provincias. “La Argentina no debería legislar desconociendo esa experiencia. Debería legislar a partir de ella”, plantea el escrito presentado por la senadora.
El activo que Misiones busca preservar
La diferencia principal está en uno de los requisitos que establece el dictamen de mayoría para los programas jurisdiccionales. El texto exige el consentimiento por escrito de los propietarios de bosques nativos como condición para implementar este tipo de iniciativas.
Rojas Decut cuestionó esa exigencia porque, según explicó, ninguno de los estándares internacionales utilizados para certificar estos programas, entre ellos Verra JNR y ART TREES, establece el consentimiento individual de cada propietario como condición de elegibilidad.
La lógica de los programas jurisdiccionales funciona a otra escala. La reducción de emisiones se acredita a partir de las políticas públicas aplicadas por una jurisdicción en su conjunto, como cambios normativos, fiscalización, ordenamiento territorial y medidas para controlar la deforestación. En ese esquema, la provincia asume la responsabilidad de demostrar la adicionalidad de sus políticas y no cada propietario de manera individual.
El problema, además, aparece en la dimensión práctica. Una iniciativa jurisdiccional alcanza todo el territorio provincial y puede involucrar a miles o decenas de miles de propietarios, algunos con títulos irregulares, sucesiones pendientes o catastros desactualizados. Para la senadora, exigir la autorización escrita de cada uno podría terminar impidiendo que las provincias desarrollen este tipo de programas.
“Con la inscripción del programa jurisdiccional en los registros respectivos alcanza para probar la titularidad. Nuestro programa demuestra en la práctica que se puede garantizar transparencia y participación voluntaria sin trabas burocráticas: cualquier propietario puede sumarse o excluirse cuando quiera, de forma simple”, afirmó.
Federalismo, seguridad jurídica y libertad de mercado
El planteo de Rojas Decut también pone el foco en la relación entre la regulación nacional y las competencias provinciales. Su propuesta busca que el Estado nacional establezca reglas comunes de integridad, transparencia y trazabilidad, pero sin desplazar las facultades que conservan las provincias sobre sus recursos y territorio.
“El Estado establece las reglas esenciales. Las provincias conservan sus competencias y los privados deciden libremente invertir, desarrollar, comprar y vender”, remarcó la legisladora. Y resumió su posición en una definición que atraviesa su proyecto desde su presentación en mayo: “Ese es el federalismo que defendemos: coordinación nacional sin subordinación provincial”.
Desde esa mirada, la discusión no se limita a una cuestión técnica sobre créditos de carbono. También define qué margen tendrán las provincias para desarrollar programas propios dentro de un mercado que busca conectar resultados ambientales con financiamiento.
Misiones sostiene que ya construyó durante más de cinco años capacidades institucionales, sistemas de monitoreo, marcos jurídicos y mecanismos de distribución de beneficios para transformar resultados ambientales verificables en financiamiento destinado a la conservación.
Qué propone el proyecto misionero
Entre los fundamentos de la iniciativa aparece la necesidad de crear un marco regulatorio para el mercado de créditos de carbono, con reglas que permitan su desarrollo y su integración tanto al mercado nacional como al internacional.
El planteo de Rojas Decut advierte que una definición equivocada sobre la titularidad de los programas jurisdiccionales y sobre sus requisitos puede afectar directamente la posibilidad de que las provincias desarrollen estas herramientas. Por eso propone que la regulación contemple la naturaleza específica de los programas jurisdiccionales y respete las competencias provinciales dentro del federalismo ambiental establecido por la Constitución Nacional.
La senadora también cuestiona que la legislación argentina adopte exigencias más gravosas que las previstas por los estándares internacionales. A su criterio, la ley debe garantizar controles y transparencia sin convertir esos mecanismos en una barrera burocrática que termine bloqueando el acceso al financiamiento climático.
“Se pueden lograr acuerdos sin resignar principios”, sostuvo Rojas Decut. En esa línea, planteó que la Argentina puede convertir su patrimonio natural en una plataforma de desarrollo e inversión “sin resignar el dominio de sus recursos, sin burocratizar las decisiones y sin vender un solo metro de su territorio”.
El dictamen unificado será tratado este jueves en el recinto del Senado de la Nación. El próximo debate definirá el marco nacional para los mercados de carbono y, junto con él, las condiciones bajo las cuales las provincias podrán desarrollar programas jurisdiccionales y vincular sus resultados ambientales con los mercados nacionales e internacionales.
